SANTO DOMINGO. La actual coyuntura obliga al expresidente Leonel Fernández a buscarle un derrotero, y bajar una línea que solucione la crisis que amenaza con dividir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a un año de las elecciones del 2016.
Fernández
quedaría como un presidente del PLD sublevado ante la decisión de su
máximo organismo operativo, que trazó una pauta a sus legisladores para
iniciar un proyecto de reforma constitucional.
Fue el propio mandatario quien propuso la creación de una comisión del Comité Político para que redactara ese proyecto de reforma, y que, además, se reuniera con los legisladores rebeldes antes de someter ese proyecto.
Es por esto que muchos no se explican el hecho de que sean los legisladores que le siguen quienes mantengan un tranque dentro del PLD, cuando se supone que la mayoría acataría esa decisión del organismo, con una línea que les trace el exmandatario.
La actitud de Fernández no coincide con la de su equipo político, ya que, a pesar de que el pasado fin de semana fueron suspendidas unas “asambleas” provinciales contra la modificación constitucional, Domingo Jiménez, uno de los coordinadores de ese grupo, fue enviado a los Estados Unidos con esos fines.
Juristas y golpe al PLD
Los abogados constitucionalistas Nassef Perdomo Cordero y Olivo Rodríguez Huertas rechazaron que constituya un golpe institucional la decisión del Comité Político.
“Lo que sí constituye un intento de golpe de Estado institucional es el recurso de oposición interpuesto por ante el Tribunal Contencioso y Administrativo para limitar la facultad del Poder Legislativo en materia de modificaciones de la Constitución”, sostuvo Rodríguez.
Perdomo señaló que se da un golpe de Estado contra la constitucionalidad cuando un tribunal toma la decisión de aprobar la modificación.
Indicó que el artículo 167 de la Constitución señala que una reforma no puede ser suspendida por ningún poder público, tampoco por un tribunal que no tenga la legitimidad democrática directa que tiene la Asamblea Nacional Revisora. Consideraron un absurdo el alegato de que se requieren de referendos aprobatorio y consultivo.
Sanciones disciplinarias
De mantenerse estancado ese proyecto en el seno del PLD, el conflicto podría ahondarse, y llegar al Tribunal de Disciplina de esa organización, ya que es un franco desafío al artículo 20, literal G de los estatutos del PLD, el cual indica que es función del Comité Político: “dirigir la política congresional y municipal del partido”.
Es el propio Comité Político del PLD el que ejerce las funciones de Tribunal de Disciplina y Ética de ese partido, ya que ese organismo no ha sido constituido, y el artículo 43 de los estatutos establece que será integrado por miembros del Comité Central.
Radhamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, advirtió que podrían ser expulsados los legisladores que no acaten la decisión de ese órgano de dirección peledeísta.
“Lo primero que ellos tienen que tener completamente seguro es que ellos nunca perderán su condición de legisladores porque la Constitución los ampara”, argumentó, y advirtió que pueden perder su condición de peledeístas.
Fue el propio mandatario quien propuso la creación de una comisión del Comité Político para que redactara ese proyecto de reforma, y que, además, se reuniera con los legisladores rebeldes antes de someter ese proyecto.
Es por esto que muchos no se explican el hecho de que sean los legisladores que le siguen quienes mantengan un tranque dentro del PLD, cuando se supone que la mayoría acataría esa decisión del organismo, con una línea que les trace el exmandatario.
La actitud de Fernández no coincide con la de su equipo político, ya que, a pesar de que el pasado fin de semana fueron suspendidas unas “asambleas” provinciales contra la modificación constitucional, Domingo Jiménez, uno de los coordinadores de ese grupo, fue enviado a los Estados Unidos con esos fines.
Juristas y golpe al PLD
Los abogados constitucionalistas Nassef Perdomo Cordero y Olivo Rodríguez Huertas rechazaron que constituya un golpe institucional la decisión del Comité Político.
“Lo que sí constituye un intento de golpe de Estado institucional es el recurso de oposición interpuesto por ante el Tribunal Contencioso y Administrativo para limitar la facultad del Poder Legislativo en materia de modificaciones de la Constitución”, sostuvo Rodríguez.
Perdomo señaló que se da un golpe de Estado contra la constitucionalidad cuando un tribunal toma la decisión de aprobar la modificación.
Indicó que el artículo 167 de la Constitución señala que una reforma no puede ser suspendida por ningún poder público, tampoco por un tribunal que no tenga la legitimidad democrática directa que tiene la Asamblea Nacional Revisora. Consideraron un absurdo el alegato de que se requieren de referendos aprobatorio y consultivo.
Sanciones disciplinarias
De mantenerse estancado ese proyecto en el seno del PLD, el conflicto podría ahondarse, y llegar al Tribunal de Disciplina de esa organización, ya que es un franco desafío al artículo 20, literal G de los estatutos del PLD, el cual indica que es función del Comité Político: “dirigir la política congresional y municipal del partido”.
Es el propio Comité Político del PLD el que ejerce las funciones de Tribunal de Disciplina y Ética de ese partido, ya que ese organismo no ha sido constituido, y el artículo 43 de los estatutos establece que será integrado por miembros del Comité Central.
Radhamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, advirtió que podrían ser expulsados los legisladores que no acaten la decisión de ese órgano de dirección peledeísta.
“Lo primero que ellos tienen que tener completamente seguro es que ellos nunca perderán su condición de legisladores porque la Constitución los ampara”, argumentó, y advirtió que pueden perder su condición de peledeístas.
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