La maniobra de la oposición persigue la reprobación del presidente y el
adelanto de las elecciones. “¿Todavía soy presidente?”, se preguntaba, en tono burlezco, Nicolás
Maduro este lunes al mediodía, previo a una actividad en la capital venezolana.
CARACAS, VENEZUELA.- La Asamblea Nacional (AN) de
Venezuela declaró este lunes el “abandono del cargo” por parte del presidente Nicolás
Maduro y exigió el llamado inmediato a elecciones.
La decisión, que contó con 106 votos favorables de
diputados de la oposición, se produce in
extremis, pues, según la Constitución vigente en Venezuela,
solo hasta este lunes la falta absoluta del primer mandatario implicaría una
convocatoria a elecciones para reemplazarlo.
Este martes comienzan los dos últimos años del actual
periodo constitucional, tramo durante el cual —según reza el artículo 233 de la
Constitución— la falta del presidente debe ser suplida por “el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva (…) hasta completar el periodo
constitucional” en enero de 2019. El actual vicepresidente, Tareck El Aissami, designado la semana pasada por Maduro,
representa al ala más dura del chavismo.
No se espera que, de momento, la declaración tenga un
efecto práctico, más allá de ahondar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela. Desde
septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el
oficialismo, había declarado “en desacato” al Parlamento, dominado por la
oposición. Ayer el TSJ aseguró que la destitución del presidente se encuentra
“al margen de las atribuciones constitucionales” del Legislativo.
Haciendo caso omiso de la exhortación del Poder
Judicial, pero conscientes del atasco institucional que impide llevar a la
práctica sus decisiones, los representantes de la oposición que impulsaron el
pronunciamiento parlamentario llamaron a sus seguidores a movilizarse en las
calles. “Solamente con el pueblo en la calle exigiendo su derecho a elegir, de
forma organizada, cívica, pacífica e irreverente, se logrará restituir la
Constitución y hacer cumplir la declaratorio del abandono del cargo”, dijo el
nuevo primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, quien advirtió a los
militares “que no se presten a contener al pueblo”.
Aunque no sea por ahora más que un gesto, la
declaración parlamentaria augura una reanudación caliente para el conflicto
político venezolano, en pausa unos días por el asueto navideño.
De hecho, la
posición adoptada por el Parlamento generó tensiones dentro de la propia
bancada opositora, que no votó por unanimidad la resolución. Aunque ya el
Parlamento había acordado imputar a Maduro la “responsabilidad política” de la
crisis en diciembre pasado, no disponía de la potestad legal de abrir un juicio
al presidente.
Cuando quedó claro que el Gobierno lograría, a través de su
control del organismo electoral, burlar la convocatoria de un referendo
revocatorio, y que usó la mesa de diálogo patrocinada por el Vaticano y Unasur para
ganar tiempo, los sectores más radicales de la opositora Mesa de Unidad
Democrática (MUD), representados por voces como la exdiputada María Corina
Machado, empezaron a presionar para activar la declaración del “abandono del
cargo” antes de que se agotara el plazo constitucional para convocar a unas
elecciones donde se escogería por sufragio popular al eventual sucesor del
mandatario.
El “abandono del cargo” es una figura contemplada en
el artículo 232 de la Constitución, apadrinada por Hugo Chávez en 1999. Sin
embargo, para que pudiera ser aplicada en este caso, la figura del “abandono”
tuvo que ser objeto de una interpretación algo metafórica.
“El Gobierno de
Nicolás Maduro es totalmente fallido y forajido”, explicó Ramos Allup, anterior presidente de la Asamblea, asimilando
así la pretendida falta del presidente a un incumplimiento de sus deberes
constitucionales.
“La declaración del abandono es la solución a la crisis”. El
acuerdo aprobado ayer asegura que, con su actuación, Maduro estaría
“abandonando el principio de la supremacía constitucional (…) el principio del
Estado Democrático de Derecho y de Justicia (…) así como las funciones
constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República”.
“¿Todavía soy presidente?”, se preguntaba Maduro este lunes al mediodía. El presidente pretende juramentar este martes un inédito Comité Antitraición y Antigolpe, que estará bajo la dirección del vicepresidente El Aissami.
En la misma sesión, la bancada opositora aprobó la
desincorporación de tres diputados por el estado de Amazonas, cuya alta en
septiembre pasado motivó al TSJ a declarar “en desacato” al Parlamento.
Voces en contra.- Sin embargo, no todas las facciones de oposición
estuvieron de acuerdo con la pertinencia jurídica y la oportunidad política de
esta declaración. Los diputados del partido Avanzada Progresista (AP) se
abstuvieron durante la votación, por considerla “una acusación ineficaz”.
También una prestigiosa ONG, Provea (siglas del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos), criticó esta maniobra: “Es una
interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la
institucionalidad democrática en nuestro país”.


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