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Servio Tulio Castaños Guzmán,
vicepresidente de la Finjus.
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Santo
Domingo.- Aunque apoyan el llamado que hace el presidente de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) para emprender acciones y combatir los
feminicidios, diversos sectores consideran que hay una falta de coordinación en
el Estado para enfrentar el tema.
Por ejemplo, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el plan propuesto por Mariano Germán evidenciaba una falta de coordinación de los actores de la justicia dominicana, ya que la mayoría de los pronunciamientos como estos se quedaban solo en las buenas intenciones.
“Nos preocupa que ese gran pacto que propone el
magistrado presidente de la Suprema termine siendo una nueva expresión de
buenas intenciones. Las instituciones que están llamadas a dirigir dichas
acciones deben vencer los obstáculos, en primer lugar, la falta de recursos
para materializar dichos planes, y en segundo lugar, superar la incoordinación
que parece existir entre todos los entes que están involucrados en el tema”,
refirió.
Colegio de Abogados.- El
presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CARD), Miguel Surún, indicó que
es lamentable que dicha iniciativa no haya sido expresada con anterioridad por
el presidente de la Suprema Corte, bajo el entendido de que si lo hubiese
hecho, las acciones emprendidas por la Procuraduría hubiesen sido más
efectivas.
Afirmó que el planteamiento de Germán Mejía evidencia
que los actores de justicia se han puesto de acuerdo para desarrollar dicho
plan.
“Creo que desde el principio tanto el Ministerio
Público como la Suprema Corte debieron coordinar más acciones conjuntas de cara
a ese plan para reducir los feminicidios”, dijo.
El pasado mes de noviembre, el procurador general Jean
Alain Rodríguez lanzó el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, en el que
aseguraba que el mismo lo integraban todos los estamentos de la justicia
dominicana y del Gobierno.
En su momento, Rodríguez estableció que dicho plan
incluía acciones de coordinación con otros actores del sistema de justicia y
otros como la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional
para la Niñez y la Adolescencia. Dijo que “esta lucha es a largo plazo e
involucra al Gobierno y a las más altas autoridades del Estado. La Procuraduría
dice que unas 83 mujeres murieron a manos de sus exparejas, pero otras
entidades aseguran que en el 2017, la cifra ascendió a 170.
Propone se les nieguen fianza a agresores.- El
Movimiento de Acción Femenina (MAFE) solicitó a la diputada Adelis Olivares
someter ante el Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se
prohíba a los hombres que son acusados de violencia de género tener derecho a
fianza.
Cindy Esperanza Ruiz, presidenta de MAFE, indicó que en el país hay que
atacar la raíz de ese problema, la violencia intrafamiliar, y trabajar más con
la educación en el hogar y en la escuela.


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