Comisión Bicameral estudia Ley de Extinción de Dominio maneja término “atemporalidad” en vez de “irretroactividad de la ley”

En vistas públicas, el Conep y Asonahores proponen presunción de buena fe prime en esa pieza. Cree el Ministerio Público no debe administrar bienes incautados y decomisados. Senador Pedro Catrain asegura República Dominicana contará con esa ley antes de finalizar el 2021.

Santo Domingo.- El senador perremeista por Samaná, Pedro Catrain, presidente de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Extinción de Dominio maneja el término “atemporalidad” para fundamentar el criterio de que todo bien que es ilícito desde su origen no puede ser legalizado, lo que “reemplazaría” el controversial tema de “irretroactividad de la ley”.

Tras concluir unas vistas públicas, en las que participaron siete personas, representantes de sectores empresariales, legales y de la sociedad civil, el congresista precisó que, en estos momentos, la Ley de Extinción de Dominio constituye una ley “capital” para la República Dominicana, debido a que si no se aprueba antes de diciembre próximo el país podría salir perjudicado en la clasificación riesgo.

También, resaltó que los recientes casos judiciales por corrupción y otros delitos y los que asegura se cometieron en el pasado, pero se quedaron impune, ponen de manifiesto la relevancia de aprobar antes de que finalice este año.

“No se puede hablar de la irretroactividad de la Ley. El concepto que se usa es el de la atemporalidad porque ningún bien ilícito puede entrar en el ordenamiento jurídico. De modo que, no hay retroactividad, sino, atemporalidad de un bien que siempre ha sido ilícito”, afirmó al ser entrevistado por los periodistas.

Aclaró que, atendiendo el principio de atemporalidad, se podrá recuperar todos los bienes adquiridos de forma ilegal, por lo que no se violará de ninguna manera el principio de irretroactividad, consignado en la Constitución.

Las observaciones.- Alba Ruso, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y Sandra Piña, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) fueron de las primeras participantes en las vistas públicas y mostraron el interés de los sectores que representan de que el principio de presunción de inocencia, visto como un derecho fundamental, prime en esa ley.

Ambas resaltaron que la presunción de inocencia no se puede consignar solo en un artículo, sino de una manera más amplia.

Ruso señaló, también, que existe un vacío en el proyecto de Ley sobre el mantenimiento de los bienes incautados, porque los remite a un reglamento, lo que considera no debe ser establecido de esa forma.

En tanto que, Piña resaltó que solo es suficiente que la buena fe haya existido al momento de la adquisición de un bien para ser tomada en cuenta.

De su lado, Dayra Verás, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), manifestó el interés de ese sector empresarial en que se logre aprobar esa iniciativa a fin de que contribuya al combate a la corrupción y al crimen organizado.

Sin embargo, alertó que el proyecto de ley de Extinción de Dominio debe ser “cuidadosamente” revisado para evitar distorsiones que puedan afectar la seguridad jurídica del país.

Citó la importancia de revisar la coherencia de la imprescripbilidad de la ley, el secreto bancario, quien lo aplicaría; la buena fe, las medidas cautelares, el debido proceso y las personas políticamente expuestas. Dijo que de esos aspectos no ser corregidos “la legislación podría afectarnos como sociedad”.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surum Hernández, considera que la retroactividad de la ley no es inconstitucional cuando se trata del decomiso de bienes de origen ilícito.

Alertó que el principal inconveniente que existe en el país no es solo el ocultamiento de capitales, sino que las actividades de corrupción son realizadas con asesoría de abogados para poder ocultar esos bienes ilícitos.

También, favoreció que se creen las condiciones para crear juzgados y fiscales especializados para garantizar los niveles de independencia necesarios.

Manuel Oviedo, director general de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Ocabid), también agotó un turno durante las vistas públicas para el conocimiento del proyecto de ley de Extinción de Dominio.

Afirmó que el Ministerio Público no debe ser juez y parte, al tener a su cargo la administración de los bienes incautados y decomisados ilegales, trabajo que afirma debe hacerlo la Ocabid.

También, hizo observaciones sobre el principio de irretroactividad de la ley porque de contemplarse podría ser declarado inconstitucional.

Algunos participantes durante la audiencia pidieron a la comisión bicameral otórgales un plazo de una semana para presentar sus observaciones por escrito.

Luego de las vistas públicas, los comisionados analizarán las observaciones recibidas y se concentrarán en aprobar o no los artículos de la pieza legislativa.

Fuente: SenadoRepDom (Unidades de Prensa y Comunicación e Imagen).