En nombre del presidente Luis Abinader, el director del
Instituto Agrario Dominicano (IAD) se apresta a entregar 500 títulos
definitivos a parceleros de la zona de Tamayo, de entre los cuales hay varios
fallecidos, como el ex alcalde de Vicente Noble, dirigentes del PRM que residen
en Estados Unidos, España y otros países, igual que en el Distrito Nacional.
También, fiscalizadores, maestros y otras personas que nunca, según las
denuncias, han puesto las manos en un instrumento para labrar la tierra.
Colaboración de Germán Enrique Reyes
Santo Domingo.- Manuel María Mercedes fue de los forjadores del movimiento cívico Marcha Verde, que realizó las históricas marchas que en la capital y cabeceras de provincias movilizó a miles de ciudadanos contra la corrupción y la impunidad.
Fue al Campamento Libertad I, en El Aguacatico. Allí sintió en su piel los más de 40 grados de la temperatura ambiental y absorbió los aires polvorientos, igual que los campesinos que reclaman respeto por sus cultivos y el derecho a cultivar las tierras que el gobierno facilita a los inversionistas guatemaltecos del Consorcio Azucarero Central (CAC) para que ensanche su monopolio y extienda el cultivo de caña en lugar de rubros agrícolas para el mercado local y la exportación.
Los
miembros del equipo agropecuario del gobierno, encabezados por el ministro de
Agricultura, Limber Cruz; el presidente del Consorcio Azucarero Central (CAC);
y los representantes de los productores agropecuarios de la zona de Tamayo,
firmaron un acuerdo que bajó el tono al conflicto. Sin embargo, fue parte de
ese acuerdo negar el asentamiento como parceleros a personas que jamás se hayan
dedicado a la agricultura y que, en cambio, obtengan sus principales ingresos
de otros oficios.
Los dirigentes de los productores agropecuarios entregaron a
Mercedes pruebas documentales y testimoniales sobre el proceso que se
desarrolla con las tierras ansiosamente codiciadas por esos inversionistas
extranjeros, más después de los avances en la construcción de la presa de Monte
Grande.
Los cosecheros agrícolas entregaron a
Mercedes copias del contrato mediante el cual el gobierno delegó en el CAC la
administración del Ingenio Barahona, igual que las enmiendas 2 y 3.
“Yo no tenía ideas de que el gobierno pone
a esos inversionistas extranjeros, de dudosa reputación en Guatemala, a lavar
dinero”, dijo el también presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH-RD). Es insólito pensar que esta gente pague al gobierno siete
dólares por el arrendamiento de cada tarea y que, a la vez, paguen 30 dólares a
los campesinos por esa misma cantidad de tierra, dijo.
El contrato de arrendamiento del Ingenio
Barahona al CAC fue firmado el 13 de diciembre de 1999 por disposición del
decreto número 262 del 18 de diciembre de ese año, emitido por el entonces presidente
Leonel Fernández como parte de aquella ola privatizadora que facilitó el
descuartizamiento del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), igual que de la
Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros bienes e
instituciones como el contrato que cede la explotación de la mina de oro a la
Barrick Gold y la construcción de la carretera Santo Domingo-Rincón de
Molinillo para facilitar el tránsito hacia Nagua y Samaná.
Menos tareas y menos pagos.- El contrato de
arrendamiento, según el documento rubricado, fue realizado por un total de
242,801.03 tareas a un valor de US$7 cada una.
En el primer año las obligaciones a pagar
por el arrendatario fueron por US$1,444,000, en el segundo US$1,643,182; y para
el tercero US$1,846,754.00. A partir del tercer año el pago fue establecido por
solo 236,562.04 tareas.
Fernández, antes de salir de la
Presidencia de la República, extendió el contrato de arrendamiento, que vencía
en 2029, por otros 30 años en virtud de la enmienda número tres, de fecha 26 de
octubre de 2010. Esa misma pieza y sin que se conozcan las mediciones por parte
del gobierno, se le redujeron 100,000 tareas a los extranjeros la cantidad
arrendada.
Exonerados alrededor de US$20 millones.-
El
ex presidente Fernández aplicó una exoneración del pago por el arrendamiento de
las tierras del ingenio Barahona de un monto aproximado a los US$20 millones.
En 2010, cuando fue firmada la adenda
número tres, el CAC pagó un solo monto de US$1,146,754 por los primeros once
años de vigencia del contrato.
Asimismo, un período de “gracia”
(exoneración de los pagos) durante los años del 13 de agosto de 2010 a esa
fecha de 2012.
También, el pago de solo un 30% del total
de la deuda contraída durante los años del 13 de agosto de 2012 hasta esa
fecha de 2014.
¿Corrupción como en el PLD?.- De acuerdo con
Obispo Figuereo, un abogado que se reparte una agitada jornada en el trabajo en
sus oficinas con su acompañamiento, noches y días, a los agricultores en los
campamentos I, II y III, “Abinader cuanto aplica en la región Enriquillo es la
misma corrupción de Leonel y Danilo”.
Figuereo deploró que, pese a que en los
gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se aceptó la
explotación de la parte Oriental de la sierra de Bahoruco, desde que ascendió
al poder, inmediatamente, “el gobierno del cambio firmó la concesión por 75
años”.
“Eso te dice, que Abinader es tan corrupto
que Leonel y Danilo”, insistió.
Reversión de la reforma agraria..- Para el agrónomo
Manuel Pérez, conocido como Manuel Lemba, la política que atribuye al
presidente Abinader en la zona de Tamayo y una parte de Galván, en Bahoruco y
de la provincia Independencia, es una reversión de la reforma agraria.
De acuerdo con versiones que habría
sostenido frente a los integrantes del equipo agropecuario del gobierno, las
tierras deben ser destinadas en primer lugar para la producción variada de
frutos alimenticios, tanto para el consumo nacional como para la exportación.
En su opinión, el CAC ostenta el único
monopolio de la tierra con vocación agrícola en la región Enriquillo (Barahona,
Pedernales, Independencia y Bahoruco) que, a su vez, desarrolla el monocultivo
de la caña. “El cultivo de caña cuanto más genera es más pobreza en la
región más pobre del país”, dijo.
Al citar al ingeniero agrónomo Germán
Pichardo para establecer la cantidad de terreno que serán irrigados por la
presa de Monte Grande, incluidos los existentes, Pérez dijo que le producen
“ganas de llorar” al saber que del total de un millón, un mil 907 tareas,
“todo indica que el CAC acaparará del 80 al 90 por ciento para ensanchar
su monocultivo de caña”.
Pérez tiene la seguridad de que el próximo
asentamiento, fijado para el próximo miércoles, a quienes se entregarán títulos
definitivos como parceleros serán, en su gran mayoría, “gente que jamás ha
labrado la tierra”.
“Esas personas, además de algunos
difuntos, otras que residen en Estados Unidos, España, la capital dominicana,
los dirigentes del PRM en la zona y algunos miembros del PLD, cuanto harán será
arrendar las tierras al Consorcio, entendido arrendar por ceder de manera
definitiva porque en su mayoría no labrarán las tierras, como nunca lo han
hecho”, sentenció.
La tierra para quien la trabaja.- Según su parecer, tanto
las tierras del Ingenio Barahona que administra el CAC, como las que serán
irrigadas con las aguas de la presa de Monte Grande, deben ser explotadas
por los campesinos en cooperativas, para cuya administración se hagan acompañar
de técnicos de la región.
“Y producir los bienes alimenticios que se
necesitan en la nación y aquellos destinados a la exportación”, declaró.
Lamenta supuesta corrupción.- A su manera de
ver, el gobierno y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) empujan
un proceso de acaparamiento de las tierras en manos de quienes definió como
“politiqueros”.
Esa gente, en su mayoría “que no conoce un
instrumento para labrar la tierra”, algunos incluso ya fallecidos, recibirían
el próximo miércoles 500 títulos de propiedad definitivos que les serían
entregados por Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano
(IAD).
Refirió que García estuvo en el Campamento
Libertad I el pasado miércoles y que, pese a que se le advirtió que esa gente
nada tiene que ver con el campo, insistió en que encontró “eso es así” y que no
dará marcha atrás.
La carta.- Manuel Pérez (Manuel
Lrembsa) entregó el pasado viernes una carta a Eliferbo Herasme, director de la
Utepda (Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal) y al
Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, con una lista anexa de los “supuestos” y los
pocos parceleros reales que recibirían títulos definitivos como parceleros. La
actividad sería realizada el próximo miércoles en Neiba.
“TAMAYO RD.
06 de octubre del año 2021
Al Ing. Guillermo García García
Director Nacional del Instituto Agrario
Dominicano (IAD)
Del: Campamento Libertad del Polvorín del
Aguacatico
Asunto: Entrega de listado de 165 observaciones,
al listado de 340 familias que serán beneficiarios con títulos definitivos de
la Reforma Agraria por parte de IAD, para ser arrendadas al Consorcio Azucarero
Central (CAC), las cuales se destinarán al fomento del cultivo de caña.
Vía: Eliferbo Herasme
Director Ejecutivo Unidad Técnica
Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
Muy cortésmente, nos dirigimos a usted
para entregarle el listado de observaciones a beneficiarios de 340 títulos
definitivos de la reforma agraria para un conjunto de personas que han
negociado con el Consorcio Azucarero Central (CAC) por varios años (desde los
gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis
Abinader).
En el entendido de que la misión principal
de los terrenos de la reforma agraria, es fomentar el desarrollo agropecuario,
garantizando así alimentos para el país, incrementando los niveles de ingreso y
mejoría de la calidad de vida de las familias campesinas, estamos compartiendo
con usted nuestras preocupaciones de entrega de tierras a personas que no son
agricultores @ para que estas hagan negociaciones con empresas privadas.
Tenemos el compromiso de compartir con
periodistas nacionales e internacionales, la comisión nacional de los derechos
humanos, las iglesias, entidades de cooperación internacional, organizaciones
de la sociedad civil, movimientos campesinos nacionales e internacionales y
otra organización de la sociedad civil que de manera solidaria han estado
apoyando el campamento libertad NO. 1 del Polvorín del Aguacatico, durante 6
meses el desenlace de todos los acuerdos, negociaciones y observaciones del
proceso seguido con el sector agropecuario en vía de soluciones amigables entre
los campesinos del campamento, el sector agropecuario y el Consorcio Azucarero
Central. Las observaciones que tenemos sobre los 340 beneficiarios que
recibirán títulos definitivos por parte del Instituto Agrario Dominicano (IAD),
a ustedes son la primera institución a la que le estamos entregando las
observaciones
Sin otro particular, se despiden.
Pedro Pascual García Méndez Cédula de
identidad y electoral núm. 076-0004428-8
Asociación Agrícola Bayahonda Aguacatico
Manuel Antonio Pérez Canario Cédula de
identidad y electoral núm. 076-0001371-3
Centro de Promoción Campesina Lemba
Modesto Antonio Mateo Peña Cédula de
identidad y electoral núm. 076-0024458-1
Asociación de Agricultores Los Tainos de
Santana
Enrique González Matos
Cédula de identidad y electoral núm.
079-0005730-3
Asociación de Campesinos Sin Tierras de
Vicente Noble (Socatuvin)”.
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