Suman alrededor de cien las personas interrogadas por la Pepca en busca de pruebas en Operación Coral 5G

Conocimiento de medida de coerción será el jueves desde  las once de la mañana. Ministerio Público dice son los mismos encartados de la Operación Coral. En la foto, el director de la PEPCA, Wilson Camacho, quien dijo que el expediente contiene más de 15 mil páginas de evidencias.

Santo Domingo.- Aunque suman más de cien las personas interrogadas y número similar de propiedades allanadas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presenta en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Coral 5G los testimonios, derivado de los interrogatorios, de 70 personas, con los que dicen se probarán las acusaciones contra el entramado de militares arrestados en la operación Coral 5G y que es una parte de la operación Coral por la que están guardando prisión el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y otros involucrados.

Según el Ministerio Público, este “entramado criminal aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.

En la composición fotográfica figuran los arrestados por Operación Coral 5G, hasta el momento. Ellos son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, así como del capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez. También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez y el mayor José Manuel Rosario Pirón. Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

Medida de coerción el jueves.- El juez de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, ha fijado para el jueves 25 de noviembre, a partir de las once de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción.

Este pedido fue hecho por los abogados de los imputados, quienes solicitaron más tiempo para estudiar el expediente.

El magistrado Wilson Camacho, titular de la Pepca, explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio. Dijo que han presentado más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados por corrupción administrativa.

Imputaciones.- Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones (Rafael Núñez de Aza) para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaron cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.

Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, para mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

Además, adulteraron cuadres, para elaborar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y del Cestur.

Utilizaron a militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, debido a que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.

Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas mediante acciones delictivas.

“Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonarias operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles”, dice el expediente.

Asimismo la Pepca dice que los miembros de este entramado ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos “a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel”.

También que distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 % y el 90 % de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.

“Utilizaron bienes incautados como propios. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.

“Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darles apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano”, dice el expediente.

Los encartados por Coral 5G.- "El Ministerio Público depositó el viernes la solicitud de medida de coerción en contra de 13 imputados en la Operación Coral 5G, a quienes acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte ilegal de armas de fuego.

La ofensiva que se desprende de la Coral, ejecutada en abril, empezó la noche del miércoles 17 con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

A continuación, conozca ¿quiénes son los imputados en este caso y cuál fue su actuación?, según el Ministerio Público:

1. General Juan Carlos Torres Robiou.- El general Juan Carlos Torres Robiou, es general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y fue designado director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el 18 de agosto de 2014.

El Ministerio Público lo acusa de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, desfalco contra el Estado y falseamiento en la declaración jurada.

Entre otras funciones, Torres Robiou aprobaba nombramientos de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el director del departamento de Recursos Humanos, el imputado, coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, apunta el Ministerio Público.

Posteriormente, el expediente del Ministerio Público indica, que recibía dinero recolectado de las nóminas del Cestur por el imputado Rafael Núñez de Aza.  

A través de empresas como S.S.A. Corporation, SRL, OPTUMUS EIRL, en coalición de funcionario, el implicado Torres Robiou, sustrajó sumas cuantiosas de dinero del erario público.

La justificación era con compras ficticias de materiales gastables de limpieza y oficina, raciones alimenticias, canastas navideñas, artículos de decoración, combustible, entre otros, a través de supuestas contrataciones con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Además, Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.

2. General Julio Camilo de los Santos Viola.- El general Julio Camilo de los Santos Viola, pertecene a la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y era exsubjefe del Cuerpo Seguridad Presidencial (CUSEP) del expresidente Danilo Medina.

Además, director de la oficina de asuntos policiales y militares durante el periodo 2012-2014.

El Ministerio Público señala que posee inmuebles que no coinciden con la cantidad de ingresos que ha percibido en la entidad.

De acuerdo con el MP, De los Santos Viola se lucró de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, “sustentado fraudulentamente en distracción de los recursos públicos”.

Utilizó a personal que estaba bajo su estricto mando y supervisión inmediata,  familiares y militares de su círculo más estrecho para el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.

“Al hacer un análisis de la información financiera del imputado Julio Camilo de los Santos Viola (Viola), pudo evidenciarse que el mismo no solamente desvía los recursos destinados a inteligencia en el CUSEP, sino que recibía transferencias constantes de parte de militares miembros del entramado”, dice el MP.

3. General Boanerges Reyes Batista.- Es general del Ejército de República Dominicana (ERD) y estuvo en el CUSEP hasta 2014.

El Ministerio Público indica que obtuvo beneficios del desfalco al estado en el entremado siendo miembro del CUSEP.

"Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Franklin Antonio Mata Flores", dice el Ministerio Público.

4. Capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.- El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, se desempeñó como encargado de avanzada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Medina desde el 16 de agosto de 2010 hasta el 16 de agosto de 2016.

El imputado Franklin Antonio Mata Flores solo presenta vinculación con la empresa De la Cruz Auto Import S.A., en donde posee una participación de 0.2% en las acciones, no obstante, dicha empresa posee movimientos bancarios prácticamente nulos, pues no reporta operaciones en la DGII, y a pesar de tener como actividad comercial venta de vehículo no presenta ningún vehículo asociado.

El Ministerio Público establece que el imputado Mata Flores, se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado.

"Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista", dicen los fiscales.

 5. Coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz.- El coronel paracaidista, Carlos Augusto Lantigua Cruz, estuvo adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), desde el 21 de agosto de 2014 hasta el 17 de mayo de 2021, desempeñando las funciones de ayudante del director general y encargado de mesa en el Cestur.

De su participación en la estructura de corrupción, el Ministerio Público lo acusa de aumentar considerablemente su patrimonio, adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos propios ni sumados con los de su conyugue Damaris Altagracia Marmolejos.

6. Coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara,- El Coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, perteneció al Cestur desde el 30 de agosto de 2014 hasta el 09 de junio de 2021.

Por obtener “importantes beneficios del Cestur”, las autoridades lo acusan de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el estado y lavado de activo.

Como parte de la estructura, el imputado Yehudy Blandesmir, recibía sus beneficios en efectivo con la intención de no dejar rastro de lo percibido producto de los actos corrupción, no obstante, en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de miembros del entramado, específicamente de los que trabajaban con las nóminas, apunta el ministerio público.

7. Coronel Miguel Ventura Pichardo.- El Coronel Miguel Ventura Pichardo era encargado de la División de Inteligencia del Cestur.

En el expediente del Ministerio Público, está acusado de desviar dinero del fondo asignado para inteligencia Cestur que él manejaba.

“Para inteligencia existía una asignación mensual de RD$1,000,000, los cuales eran depositados a la cuenta del Banco de Reservas del encargado del área, no obstante, ese monto no se utilizaba para esos fines, sino que casi en su totalidad era distraído”, apunta el documento de solicitud de medida de coerción.

8. Teniente coronel Erasmo Rogers Pérez Núñez.- El teniente coronel Erasmo Rogers Pérez Núñez, estuvo adscrito al CUSEP, desde el 17 de agosto de 2012.

 El expediente del Ministerio Público indica, que es uno de los hombres de confianza y brazos operativos del imputado Adán Cáceres, teniendo bajo su responsabilidad, la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.

9. Teniente coronel Kelman Santana Martínez.- El teniente coronel Kelman Santana Martínez estuvo adscrito al CUSEP desde el 31 de agosto del año 2012.

La principal función del imputado Kelman Santana Martínez era la de administrar al Cáceres Silvestre, conjuntamente con los coimputados Rossy Guzmán Sánchez y Rafael Núñez de Aza la empresa utilizada para lavar gran parte del dinero del entramado, la Asociación Campesina Madre Tierra.

Kelman se encargaba de las ventas que hacía dicha empresa, para posteriormente mezclar el dinero de las mismas con lo sustraído de los actos de corrupción, indica el Ministerio Público.

10. Mayor José Manuel Rosario Pirón.- El imputado José Manuel Rosario Pirón, es mayor de la Policía Nacional e ingresó en el año 2012 al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), donde se desempeñó como encargado de la sección de tesorería, bajo la supervisión del imputado Rafael Núñez De Aza, director Financiero, de acuerdo al Ministerio Público.

El mayor Rosario Pirón, es considerado parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de Cestur y CUSEP, Rafael Núñez De Aza, puesto que venía trabajando con él, desde el área financiera del Hospital de la Policía Nacional, en el año 2010, tanto así que Núñez De Aza lo nombra como tesorero desde su llegada al CUSEP, y es quien le manejaba las distintas transacciones financieras en dicho lugar, apunta el expediente de la Procuraduría.

Según las investigaciones, las autoridades comprobaron que Rosario Pirón realizó unas 22 transacciones que elevaron RTE (reporte de transacciones en efectivo), entre los años 2018-2020, las mayorías realizadas en el Banco de Reservas de la avenida Venezuela, donde la coimputada Esmeralda Ortega Polanco era gerente.

“El mayor José Manuel Rosario Pirón, llevaba del dinero recolectado en el CUSEP por hechos de corrupción, y que ese dinero se utilizaba para resolver situaciones en Cestur. También manifestó que dicho imputado recolectaba el dinero del especialismo para luego entregárselos a Rafael Núñez De Aza”, puntualiza el MP.

11. Primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.- La primer teniente de la Policía Nacional, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, era pareja y madre de dos de los hijos del imputado Rafael Núñez de Aza, señala el expediente de la Procuraduría.

Entre otras personas, para crear y administrar las empresas Distribuidora TALF S.R.L., Distribuidora KF S.R.L., Rawel Importadores SRL, Optumus E.I.R.L., SOS Carretera S.R.L., Meljo Comercial EIRL y S.S.A. Corporation, Núñez de Aza, se asoció a su pareja, Jehohanan, quien trabajaba en el área de auditoría interna de Cestur, de acuerdo con el MP.

La imputada Jehohanan, mantenía control operativo y la administración, principalmente de la mencionada empresa S.S.A. Corporation y Meljio Comercial EIRL, dice el Ministerio Público.

Estas dos empresas fueron utilizadas únicamente para simular compras en el CUSEP y en Cestur, donde los imputados Torres Robiou y Cáceres autorizaban las supuestas compras, y el departamento financiero dirigido por el imputado, Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos para luego retornar el dinero al entramado en efectivo o través de propiedades, señala el expediente del Ministerio Público.

El documento cita, también, que la imputada utilizó a su asistente personal, Nicole González Núñez, quien tenía solo 18 años en el 2015, y buscando como desligarse de la empresa en los documentos societarios de las empresas, le otorgó un poder para realizar las gestiones de aperturas de cuentas a nombre de las empresas, en el Banco de Reservas, especialmente, en la sucursal de la avenida Venezuela, además de que le autoriza para poder firmar cheques.

12. Esmeralda Ortega Polanco.- La imputada Esmeralda Ortega Polanco, era la gerente de la sucursal del Banco Banreservas de la avenida Venezuela.

El expediente del Ministerio Público señala que el dinero obtenido en S.S.A. Corporation, la imputada Jehohanan Rodríguez Jiménez, a través de su asistente, Nicole Yomarys Gonzálezz procedía a librar montos de los cheques, cambiándolos siempre en el Banco de Reservas, en donde se encontraba Esmeralda Ortega Polanco.

“El dinero era depositado en las cuentas del Banco de Reservas de Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL, o simplemente lo hacía efectivo y se lo entregaban a Núñez de Aza, para el manejo de las operaciones del entramado”, agregó el MP.

El Ministerio Público, dijo que evidenció que quien confirmaba estos cheques era la gerente de la sucursal del Banco.

13. César Félix Ramos Ovalle.- El imputado César Félix Ramos Ovalle, un empresario del área privada, era gerente y propietario principal de la estación de combustible La Marina.

De acuerdo al MP, siendo suplidor del Estado, simuló, a través de sus empresas, operaciones, a sabiendas de que eran ilícitas, para distraer fondos a través de maniobras fraudulentas en las contrataciones y el falso suministro de combustible, devolviendo a la estructura la mayor parte de lo distraído.

Sucursal 550.- Esmeralda Ortega Polanco (a) 550 era la gerente de la sucursal 550 del Banco de Reservas donde según el expediente se realizó más del 90 % de las transacciones y “evitaban los controles del sistema financiero”.

“La imputada era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza e incluso daba instrucciones en su nombre, hacía transferencias a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza”, afirma el Ministerio Público.

Como llevaron entramado al Conani.- Hay otras personas mencionadas en el expediente, aunque no están bajo arresto, como el caso de la esposa del general Torres Robiou y exdirectora de Conani, Greybby María Cuello Coste de Torres.

Según el expediente a pocos días de designada como directora de Conani, Cuello envió una comunicación al Ministro Administrativo de la presidencia solicitando el nombramiento de Rafael Núñez de Aza como financiero; Roberto Acevedo Tejada, Administrativo José Javier Rosario Pimentel, Administrativo, y Rafael Arturo Vargas, en Compras y Contrataciones.

Fueron aceptados, pero luego se rechazó el nombramiento por ser militares y el Conani una entidad civil. Los mismos fueron designados como seguridad en las regionales, con los mismos salarios propuestos. Estos señores, solo en los meses de julio y agosto del 2020 recibieron viáticos por RD$307,200.00 según consta en el expediente del Ministerio Público.

Fuentes: Audiencia en la Sala de Atención Permanente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Dirección General de Persecución del Ministerio Público y Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).