La PEPCA realizó 49 allanamientos la noche de este miércoles en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Entre los arrestados está el general Torres Robiou, exjefe del Cestur, quien figura en la foto. Este nuevo caso se desprende de la Operación Coral.
Santo Domingo.- El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la “Operación Coral 5G”, desplegada la noche de este miércoles, en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por Yeni
Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El general de la Fuerza Aérea Dominicana
(FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el
general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general
Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Según informó el Ministerio Público, la
Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata
Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua
Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan
L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
En una nota de prensa, la Procuraduría
informó que, contra estos “tiene pruebas contundentes de su participación en
una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.
Dijo que al igual que las otras operaciones, Coral 5G “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.
Caso
se desprende de la Operación Coral.- Este caso se desprende del expediente ya
judicializado conocido como Operación Coral, y que precede a la etapa procesal
abierta con la Coral 5G.
El Ministerio Público recordó que en la
Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo
de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán
Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y
Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio
Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la
Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del
inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en
los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San
Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro
Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el
tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto de este año el Primer
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de
coerción a todos los imputados.
Para el pasado viernes 12 esa instancia
judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que
tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Imputaciones
Al grupo se le imputa de incurrir en
asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes
de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el
entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus
actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento
de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio
Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como
director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el
transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para
adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y
propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Fuente:
Nota de prensa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca).
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