Santo Domingo.- A más de una semana de haberse puesto en marcha la denominada “Operación Gavilán” a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) contra un grupo que supuestamente formaba parte de una red dedicada a eliminar antecedentes penales, todavía no se tienen los nombres de los fiscales señalados en el caso.
Los fiscales, que son siete, además de los
12 a los que se les conoce medida de coerción, supuestamente eran parte de
la red, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
La entidad manifestó la semana pasada que
procedería a solicitar designación de un juez especial para los fiscales
acusados, en cumplimiento al procedimiento particular establecido en el marco
jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
A cinco días de haber dado la información,
aun las identidades de los persecutores implicados no han sido reveladas, como
tampoco ha sido designado el juez especial que los juzgará.
Por su lado, los fiscales al mando de la
investigación depositaron ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito
Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados, y
declaratoria de caso complejo, así como 18 meses de prisión preventiva
como medida de coerción para los arrestados.
A los miembros del entramado se les acusa
de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, llegando a
favorecer a más de 16 mil personas con las adulteraciones, de acuerdo a la
procuradora fiscal Sourelly Jáquez.
Designación de juez especial.- Por su condición,
los fiscales imputados gozan de una jurisdicción privilegiada para ser
juzgados, por lo que serán sometidos en jurisdicciones distintas a los demás
imputados.
Jurisdicción privilegiada.- De acuerdo a la
constitución dominicana, a los funcionarios o servidores públicos de alto rango
o mando a los que se les sigan procesos penales se le asignará una jurisdicción
especial para ser juzgados.
La Constitución en el artículo
154 establece a la Suprema Corte de Justicia como la única instancia
facultada para conocer las causas penales seguidas al presidente y al
vicepresidente de la República, a senadores, diputados y jueces de la propia
suprema.
En cuanto a los fiscales, estos serán
juzgados en Cortes de Apelación, acorde con el artículo 159 de la Carta
Magna, que dice “conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a
procuradores fiscales” entre otros “titulares de órganos y organismos autónomos
y descentralizados del Estado gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito
Nacional y de los municipios”.
Entre los acusados figura el nombre de Domingo
Julio Santana Sánchez, Luis Alfredo Astacio Polanco, Antony Vicente Ferrer
Monegro, Yokaira Carmona, Pilar Medina, Trinidad de Dotel y Romanqui Alexander
Dotel.
Así como Rubén Darío Morbán, Ashley
Morbán, Laudelina Esther Reyes, Mártires Rosario, Alfredo Mirambeaux y Dilcia
Argentina Núñez Santos.
A los mencionados se les acusa de
asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, violación
a la Ley 41-08 sobre la Función Pública y varios artículos sobre Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología.
Audiencia.- La audiencia de
conocimiento de medida de coerción contra los implicados en operación Gavilán
culminó el martes y este miércoles a las seis de la tarde se sabrá la decisión
del tribunal.
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