Dajabón.- El candidato
presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reyna, rechazó
este domingo en Dajabón, las acusaciones que el pueblo dominicano sea racista.
Leonel Fernández afirmó que ninguna entidad extranjera puede trazar pautas en temas migratorios para la República Dominicana, lo que consideró como una “violación a la soberanía nacional”.
"Como ciudadanos dominicanos nos
sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e
irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino
de nuestro pueblo", declaró el expresidente de la República.
Entre estas instituciones citó a Amnistía
Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Leonel detalló que las acusaciones que
pesan sobre el país desde esos escenarios internacionales son: "proclamas
infundadas. No se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la
República Dominicana y resultan violatorias a nuestra Constitución".
DOCUMENTO ÍNTEGRO LEÍDO POR LEONEL
FERNÁNDEZ:
“Declaración de Rechazo a Organismos
Internacionales por Violación a la Soberanía Nacional de República Dominicana
Hemos acudido en el día de hoy a esta
región fronteriza para, en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y
en el mío propio, expresar nuestra más profunda indignación por la reiterada
violación a nuestra soberanía nacional en que incurren organismos
internacionales, como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La más reciente ha sido la carta abierta
dirigida a las autoridades de nuestro país por Amnistía Internacional, en la
cual solicita, entre otras cosas, que se detengan las expulsiones colectivas de
personas haitianas y solicitantes de asilo.
No somos autoridad en nuestro país, pero
como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por
la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer
su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo.
Por ejemplo, de manera enfática se atreven
a señalar que “las autoridades de República Dominicana deben abstenerse de
realizar rechazos en la frontera y que deben suspender las deportaciones
forzadas, ya sean individuales o colectivas de personas haitianas”.
¿Quién le ha dado autoridad a Amnistía Internacional
para trazar esas pautas al pueblo dominicano?
¿Cuáles son sus prerrogativas o
competencias legales para reclamar tales exigencias? ¿Por qué se consideran
ellos que se encuentran por encima de los atributos de soberanía de nuestro
Estado Nacional para imponernos su criterio?
Podemos compartir su filosofía de respeto
a los derechos humanos, que consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de
conocimiento de las condiciones específicas y concretas que puedan estar
ocurriendo en un país, pueden inducirles a error.
En esas circunstancias, en lugar de obrar
en forma justa, estarían haciendo lo contrario, como es el caso en que están
incurriendo con la República Dominicana.
¿Cómo es eso de que en nuestro país
debemos adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar y prevenir la
discriminación racial en la implementación de nuestras políticas migratorias y
sistemas de asilo, y adoptar protocolos para impedir la expatriación y reparar
el daño a aquellas personas afectadas, así como restituir la nacionalidad de
las personas de ascendencia haitiana?
¿Quién ha dicho que aplicamos medidas de
discriminación racial en la ejecución de políticas migratorias y sistemas de
asilo?
Con anterioridad a Amnistía Internacional,
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), había expresado
también que los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y
no ser devueltos a su país.
Todas esas proclamas son infundadas. No se
sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y
resultan violatorias a nuestra Constitución. Ninguna entidad extranjera, sea
sociedad civil u organismo internacional, tiene derecho a desacreditarnos con
infundios, ni a trazarnos pautas con respecto de medidas que debemos adoptar
para proteger a nuestros ciudadanos.
Las decisiones que desde República
Dominicana se adoptan para expatriar ciudadanos haitianos, son las mismas que
asumen otros estados respecto a extranjeros ilegales en sus territorios.
Naturalmente, el mundo debe comprender que
en la actualidad, la situación se agrava por las condiciones caóticas en que se
encuentra Haití.
Desde el asesinato del presidente Jovenel
Moïse en julio del 2021, Haití, desafortunadamente, se ha convertido en un
Estado colapsado, donde prevalece un vacío de poder y una situación de
inestabilidad política crónica.
Bandas criminales se disputan el dominio
de su territorio. Establecen alianzas como la del G9, sembrando la muerte y el
terror entre sus ciudadanos. Saquean, secuestran, asaltan, incendian, toman
cárceles y liberan prisioneros y mantienen en zozobra a la población haitiana.
Lo que está teniendo lugar en Haití genera
preocupación en la República Dominicana. Han construido un canal de manera
ilegal, sin contar con el consentimiento del Estado Dominicano, en violación al
Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre ambos países; y actualmente existe un
legítimo temor que ante la falta de autoridad en el vecino país, la violencia
se extienda hacia territorio dominicano.
Por consiguiente, no es por
consideraciones racistas que las deportaciones, o la no aceptación de
refugiados, se produzcan en la República Dominicana, sino por razones
estrictamente de seguridad nacional de nuestro país.
Hacer uso del racismo para exigirnos
aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias
actuales de violencia en el vecino país, es un acto de chantaje para
desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad Internacional.
En la República Dominicana no existe el
racismo. Es una comunidad de mezcla racial, que siempre ha vivido en armonía,
sin discriminación alguna.
Con respecto a Haití, la República
Dominicana fue el primer país en mostrar su solidaridad con ocasión del
terremoto que tuvo lugar en enero del 2010. Fuimos los primeros en acudir en
ayuda con alimentos, medicinas y equipos pesados para la remoción de escombros
y búsqueda de sobrevivientes y restos.
Los centros hospitalarios dominicanos
recibieron numerosos heridos. Una memorable imagen circuló el mundo de una
madre dominicana lactando a un niño haitiano, como símbolo de fraternidad entre
ambos pueblos.
Como señal de deseo de un futuro de
oportunidades para la juventud haitiana, el pueblo dominicano hizo la mejor
ofrenda que podría pensar: la construcción de una universidad en Cabo Haitiano.
Así pues, la República Dominicana ha
demostrado ser un país fraterno y solidario en los momentos de desgracia e
infortunio del vecino país de Haití. Pero es lógico suponer que cuando ese
sufrido pueblo cae bajo las garras de bandas criminales, la República
Dominicana debe procurar protegerse de sus acciones delictivas, aunque
organismos internacionales desorientados crean equivocadamente que ese derecho
a la supervivencia constituya un acto de racismo.
En lugar de acusar y pretender dar órdenes
a la República Dominicana, Amnistía Internacional y ACNUR lo que deben es
contribuir con buscar una solución a la situación de violencia y caos que
actualmente reina en Haití.
De esa manera, harían una gran
contribución con garantizar el respeto a los derechos humanos de 11 millones de
ciudadanos haitianos.
Mientras tanto, dejen a la República
Dominicana tranquila. No la conviertan en responsable de los problemas de los
demás. No es justo.
¡Que viva la República Dominicana, libre,
soberana e independiente!”.
Fuente: Secretaría de
Comunicaciones del Partido Fuerza del Pueblo.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji