Santo Domingo.- La prensa de Monte Grande, nacida como un proyecto múltiple para desarrollar la región suroeste y poner a producir más de 700,000 tareas, se ha convertido asunto causante de desesperación y sufrimiento para 560 familias de las provincias Azua y Barahona.
Lo de “Proyecto Múltiple” es porque no se
trata solo de la presa. Es hidroeléctrica, canales laterales para irrigar las
áreas de producción, abastecimiento de agua para el Acueducto del Suroeste
(ASURO) y otras obras complementarias.
Estos dominicanos cedieron sus tierras
para la construcción del embalse de la presa Monte Grande, pero aún siguen
esperando su reubicación, como les fue prometido.
Y este ha sido, sin dudas uno de los
problemas que ha generado la construcción de este proyecto.
A cambio de sus tierras, a muchas de estas
familias les prometieron llevarlos a otros predios y darles recursos para
iniciar una nueva vida.
Sin embargo, la realidad ha sido muy
diferente. Las comunidades desplazadas han enfrentado una serie de problemas
que van desde la falta de infraestructura adecuada en el nuevo asentamiento,
hasta la escasez de servicios básicos como los alimentos para sustentarse cada
día.
A pesar de que se firmaron acuerdos y se
hicieron compromisos por parte del gobierno central, la implementación ha sido
deficiente.
¿Qué dicen los líderes
comunitarios?.-
Según el líder comunitario Manuel Antonio Pérez, muchas familias han tenido que
abandonar sus hogares porque ya no tienen de que vivir.
Su lema ha sido esperar respuesta para
recibir las compensaciones prometidas, provocando una situación de
vulnerabilidad.
Esto ha generado un profundo sentido de
desconfianza hacia las autoridades, que prometieron un futuro mejor y
terminaron dejando a estas comunidades en el olvido.
Manuel Antonio Pérez dijo que 560 familias
que fueron desalojadas para la construcción de la presa, que pertenecen a las
comunidades de Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo, no tienen donde
cultivar porque están anegados de agua y no tienen tierra para producir
productos agrícolas.
De esas familias, solo 390 fueron
reubicadas en casas, pero no le han cumplido con el asentamiento de sus
tierras.
“Viven en casa muy bonita, amueblada con
electricidad, aceras, calles y contenes, pero no tienen medio de vida para
producir y llevar comida a sus hogares”, citó Pérez.
Pérez afirmó que hay 10 tareas que las
autoridades tienen cuatro años anunciando la construcción de un canal y la
habilitación de los terrenos para ponerlos a producir.
Asimismo, Santo Esteban Ferreras,
presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la presa de
Monte Grande, contó que el gobierno central le había prometido casa y tierra a
los moradores de esos municipios que fueron desalojados, pero que solo
cumplieron con la mitad de las casas y todavía no le han cumplido con las
tierras.
En una visita a varios medios de comunicación
de la capital, Santo Esteban Fererras comentó que Hato Nuevo, Manzanillo y Boca
de la Mula fueron también comunidades afectadas por esta construcción y agregó
que a las autoridades no se les ve el interés de buscarle solución a ese
problema.
Del mismo modo, añadió que sin avisarles a
los agricultores en noviembre de 2023 las autoridades en horas la madrugada
entraron maquinarias en 800 tareas sembradas de plátanos, en plena producción,
los que según Esteban estaban de corte y que lo hicieron sin consentimiento.
“Y todavía a esa gente no se le ha dicho
nada, es un abuso lo que han hecho con nosotros”, dijo el líder
comunitario.
Sin palabras.- Santo Esteban
Ferreras, presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la
presa de Monte Grande, dijo que “todavía a esa gente no se le ha dicho nada”.
Afirma que el director del Indhri), Olmedo
Caba Romero, tiene más de 10 meses que no va a la provincia “a dar la cara”.
Leonardo Mercedes, vocero de la Coalición
Enriquillo, aseveró que el compromiso que hizo el Estado en la última reunión
que sostuvieron el pasado 24 de abril del año en curso no se le ha cumplido.
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