Jochi
Gómez, Hugo Beras y Pedro Padovani cumplirán 18 meses de prisión
preventiva. En la foto de arriba, vista de
los implicados en el sindicado caso de presunta corrupción por la adjudicación
de un contrato que firmaran el Intrant a la empresa Transcore Latam. En la foto
de abajo, el momento en que, la noche de este vieres, las autoridades
trasladan al exdirector del Intrant, Hugo Beras; a Jochi Gómez y Pedro Padovani
a la cárcel de Najayo, donde cumplirán medidas de coerción.
Santo Domingo.- El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant fueron trasladados la noche de este viernes desde el Palacio de Justicia en la capital al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal.
A los señalados le fue dictado 18 meses
de prisión preventiva por parte de la
jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios
de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El traslado desde el Palacio de Justicia
de Ciudad Nueva, en Santo Domingo, hasta la cárcel de Najayo en San Cristóbal,
se efectuó pasadas las 11 de la noche, luego de la visita del director de
Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
El Ministerio Público les imputa participación en el supuesto caso de corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), a través de un contrato con la empresa Transcore Latam para intervenir el sistema semáforico del Gran Santo Domingo.
La espera.- El exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de la referida institución, estaban este viernes a la espera de ser trasladados a la cárcel de Najayo-Hombres, hacia donde finalmente fueron llevados cerca de la media noche de este viernes y cumplirán en ese penal 18 meses de prisión preventiva por su implicación en el supuesto acto de corrupción perpetrado desde el Intrant.
Mientras tanto, este mismo viernes, los abogados de los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de
Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia,
director administrativo y financiero del Intrant; y
Carlos José Peguero Vargas realizaron el pago de la garantía económica impuesta
por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, y están a la espera de su libertad.
Además, a estos imputados se les impuso impedimento de salida
y presentación periódica como medida cautelar.
En tanto, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector
de tecnología del Intrant, la
jueza dispuso arresto domiciliario y
presentación periódica. A las 2:48 de la tarde, esposado, fue trasladado a su
domicilio en un minibús de la Procuraduría.
Abogados
visitan a Hugo Beras.-
Tras una visita a su defendido, Hugo Beras,
los abogados Laura Acosta y Luis Rivas reiteraron
que apelarán la decisión de la magistrada Fátima Veloz, debido a que el
criterio utilizado para tomar la medida fue que Hugo Beras "fue un funcionario de alto nivel".
"¿Cómo tú mantienes a una persona
en prisión supuestamente porque fue un funcionario de alto nivel y por eso hay
riesgo?", cuestionó Acosta.
Asimismo, Rivas manifestó que ese
criterio no es jurídico y dijo que es algo nunca visto: "eso ni siquiera
está en los libros".
"Yo creo que si ese es el criterio
usado, todo el que es funcionario debe
empezar a preocuparse y el que no lo es aún debe pensarlo dos veces antes de
meterse a funcionario", expuso
Rivas.
Rivas citó que otro de los
criterios invocados por la jueza es que los abogados asistieron a Hugo Beras al día siguiente de su
apresamiento.
Además, la jueza Veloz consideró que
las pruebas aportadas por la defensa no fueron suficientes para determinar
quién dice la verdad.
"Otra cosa interesante es que ella
dice que los presupuestos de arraigo que presentamos no eran suficientes (...)
y lo que aportamos fue de sobra", puntualizó Rivas.
La investigación del Ministerio Público,
que la ha denominado "Operación Camaleón",
se centra en una supuesta red de corrupción relacionada
con una licitación para la
modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más
de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
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