Santo
Domingo.-Tras fuertes críticas de distintos sectores de la
sociedad, Carlos Pimentel decidió renunciar a su
designación como titular de la Dirección General de Alianzas
Público-Privadas (DGAPP) y continuar como director general de
Contrataciones Públicas.
La decisión del funcionario está contenida en una comunicación enviada este domingo al presidente de la República, Luis Abinader.
Carlos Pimentel fue
designado la semana pasada por Abinader mediante el decreto no. 614-24,
el cual indicaba que estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce en
Contrataciones Públicas, cargo que en lo adelante desempeñaría de manera
honorífica.
Pero, este nombramiento era violatorio a
la Constitución dominicana y la Ley 47-20 que crea la DGAPP.
El artículo 144 de la Carta Magna establece
que “ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma
simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia.”
En tanto que el artículo 19 de la citada
ley establece que el director general de la entidad deberá cumplir con varios requisitos,
entre los que “no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con
excepción de la actividad docente”.
Estas contradicciones con la las
normativas generaron una lluvia de críticas hacia Pimentel, quien el pasado
viernes, a través de un audiovisual, defendió su designación argumentando que,
conforme al artículo 144 de la Constitución Dominicana, es legal que un
funcionario público ocupe dos cargos simultáneamente en la administración
pública, siempre que solo uno sea remunerado.
En ese sentido, aseguró que como
director de Contrataciones Públicas y del Consejo de Alianza Público-Privada,
toda decisión que pudiera generar un conflicto de interés, optará por la
inhibición o la delegación.
A pocas horas de sus
declaraciones, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
Antoliano Peralta, reveló que 20 días antes de la emisión del decreto
advirtió sobre posibles conflictos de intereses que pudiera generar ese
movimiento.
Aunque Peralta señaló que la doble
función podría ser viable legalmente, también alertó sobre implicaciones que
podrían ir en contra de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
En un comunicado emitido el 3 de
octubre, Peralta expresó su preocupación ante la posible influencia de Pimentel
en decisiones del Consejo de la DGAPP, comprometiendo la objetividad del
proceso al participar en votaciones sobre contratos públicos, que luego tendría
que supervisar en calidad de director de Compras y Contrataciones.
A las críticas también se sumaron el
partido político Fuerza del Pueblo, el cual expresó que Pimentel se convertiría
y juez y parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y el
movimiento no partidista Participación Ciudadana (PC).
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