San Juan, Puerto Rico.- Juan, nombre
ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado
marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes
del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido.
No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que
reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el
joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que
gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a
su madre que
lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había
concedido su salida
voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado
desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
Otros
casos.- A Jacinto (nombre
ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia
por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en
ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde
lo interrogaron sobre
su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en
su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que
debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del
dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto,
que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en
el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI)
que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre
la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el
incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se
le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la
mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la
única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es
el 551.
El CPI llamó
al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó
que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno
García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo
respuesta.
Pedro (nombre
falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en
Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus
documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y
lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de
Detención Krome en
el estado de Florida.
"El Estado está cooperando. ¿Cómo
van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?", cuestionó su abogada María
del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por
una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y
recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
La
licencia delatora.- Desde
2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico
pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que
habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador
Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)
mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la
Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es
una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales
en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la
agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una
entrevista al medio NPR.
El Gobierno de Puerto Rico
está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos
solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que
tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos
esperando", dijo Rebeca González, identificada como funcionaria federal.
Sin embargo, la lista de estos
conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto
Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado
miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una
entrevista en el programa Primera Pregunta.
"El DTOP maneja
la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes
aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con
ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo
vigente", explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el
18 de febrero a El Nuevo Día.
El pasado jueves la agencia federal
certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la
obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo
que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en
Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que
"las autoridades
locales nos apoyan en nuestras investigaciones
criminales" sin especificar si estos operativos que
culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de
alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son
las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué
tipo de colaboración reciben.
Convencidos
que colaboran.-
"Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de
acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos,
pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días",
dijo la profesora
García Miranda, encargada de inmigración en
la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona
que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando
información personal debido a que estaban "recopilando datos actualizados
de las víctimas de delito". La abogada le asesoró que no diera la
información.
Exponencial
aumento en intervenciones.- Desde que el presidente Donald Trump,
llegó a la Casa Blanca y estableció mediante órdenes ejecutivas una política
pública antimigratoria, en Puerto Rico casi se ha quintuplicado la cantidad de
arrestos de inmigrantes.
Una petición de información del CPI a la
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico revela que al
27 de mayo de 2025, apenas el 16 % de las personas migrantes detenidas como
consecuencia de las políticas de Trump han cometido delitos.
Durante el 2024 se realizaron 95
arrestos administrativos, dijo la mencionada oficina al CPI. Hasta el 5 de
junio de 2025, se realizaron un total de 468 arrestos administrativos, indicó
la agencia federal mediante declaraciones escritas.
Otros 84 inmigrantes fueron detenidos
por sus presuntos vínculos con acciones delictivas. La cantidad total de
inmigrantes detenidos en Puerto Rico desde las órdenes administrativas de Trump
hasta el 5 de junio es de 552.
Fuente: Trabajo
realizado por la periodista Damaris Suárez, del Centro de Periodismo
Investigativo (CPI).
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