La Corte Suprema solicita a la Asamblea Legislativa retirar el fuero al mandatario por presuntos actos de corrupción. El país enfrenta un momento decisivo para su institucionalidad democrática.
San José, Costa Rica. – La democracia más antigua y consolidada de Centroamérica atraviesa una crisis sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia ha solicitado el levantamiento del fuero constitucional al presidente Rodrigo Chaves Robles, lo que podría convertirlo en el primer mandatario costarricense en ser juzgado penalmente durante su periodo de gobierno.
La solicitud surge tras investigaciones por supuestos actos de corrupción vinculados a un contrato por 32 mil dólares, presuntamente adjudicado de manera irregular, y sospechas de financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2022.
Un país frente al espejo institucional
Durante décadas, Costa Rica ha sido vista como un modelo de estabilidad política, transparencia y respeto al Estado de derecho. Sin embargo, este caso ha desatado una ola de incertidumbre. La opinión pública está dividida: mientras algunos ciudadanos ven el accionar de la Corte como una muestra de fortaleza institucional, otros lo perciben como una maniobra política contra el Ejecutivo.
“Estamos ante un momento fundacional. Aquí se pondrá a prueba si las instituciones realmente están por encima del poder político”, advierte el analista Carlos Murillo, de la Universidad de Costa Rica.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El Ministerio Público indaga posibles violaciones al código electoral, uso indebido de fondos públicos y tráfico de influencias. Entre los elementos más graves, se investiga el rol de una sociedad vinculada a la campaña de Chaves, que habría canalizado recursos sin registrarlos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Además, testigos han declarado bajo reserva y se presume que existieron intentos de obstrucción del proceso judicial.
El dilema del fuero presidencial
En Costa Rica, el presidente solo puede ser procesado penalmente si la Asamblea Legislativa le retira la inmunidad. La Corte Plena ya dio el primer paso. Ahora, la decisión recae en los 57 diputados del Congreso.
Mientras el oficialismo intenta cerrar filas, partidos como Liberación Nacional y el Frente Amplio ya han anunciado que apoyarían el levantamiento del fuero si se cumplen los requisitos constitucionales.
La voz de la calle
La tensión también se siente fuera del recinto legislativo. Grupos de ciudadanos se han congregado para exigir transparencia. “Queremos saber la verdad, sea quien sea el responsable”, expresó Mariela Umaña, estudiante universitaria, durante una manifestación pacífica con pancartas que pedían “Justicia sin colores”.
Sindicatos como la Confederación Rerum Novarum también se han pronunciado, advirtiendo que el proceso no debe usarse para desviar la atención de temas estructurales como la reforma laboral y la crisis económica.
Reacciones internacionales
Organizaciones como la OEA y Human Rights Watch han manifestado su interés en el desarrollo del caso. Desde Washington, fuentes diplomáticas confirmaron que el tema ha sido discutido en reuniones recientes. El gobierno de Estados Unidos, aunque ha reiterado su confianza en las instituciones costarricenses, observa con atención el desenlace del proceso.
Lo que está en juego
Si el Congreso aprueba el retiro del fuero, el presidente Chaves será juzgado como cualquier ciudadano. Si lo rechaza, podría escalar el conflicto entre los poderes del Estado. En cualquiera de los escenarios, el impacto político será significativo y podría redefinir el mapa electoral de cara a los comicios presidenciales de 2026.
“No es sólo Chaves. Es la credibilidad de todo el sistema la que está en juego”, advierte Bernardo Picado, exmagistrado de la Sala Constitucional.
Epílogo abierto: una democracia a prueba
Con la campaña electoral de 2026 en el horizonte, Costa Rica se adentra en un terreno incierto. El caso Chaves podría redefinir alianzas políticas, erosionar liderazgos o, por el contrario, fortalecer la institucionalidad si se logra demostrar independencia y transparencia.
El país, y buena parte de América Latina, observa con atención este episodio que bien podría marcar un antes y un después en la historia política costarricense.
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