Bajo el nombre de Ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable, la propuesta plantea un conjunto de incentivos dirigidos a quienes ejerzan su derecho al voto. Entre los beneficios se destacan:
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Exoneración del pago por expedición de la cédula de identidad y electoral en caso de pérdida o deterioro, así como de certificaciones de cédulas y actas de nacimiento emitidas por la Junta Central Electoral (JCE).
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Descuento del 15 % en la expedición o renovación del pasaporte personal.
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Expedición gratuita del certificado de no antecedentes penales y del certificado de vida y costumbre después de los comicios.
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Descuento del 25 % en el costo de la matrícula en universidades e instituciones de estudios superiores estatales. Los centros educativos privados podrán aplicar descuentos de manera voluntaria a quienes demuestren haber votado.
Asimismo, el proyecto establece que, en caso de empate entre postulantes, tendrán preferencia aquellos que hayan votado en los últimos comicios para acceder a concursos públicos, becas, adjudicaciones de obras, programas sociales y planes de vivienda estatales.
Un punto adicional contempla un descanso laboral remunerado de media jornada para empleados formales que participen en las elecciones. Este beneficio podrá ser utilizado dentro de los treinta días posteriores al proceso electoral, previa coordinación con el empleador.
Críticas a la iniciativa: “El sufragio no debe ser premiado ni comprado”
El exdiputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Méndez, rechazó la propuesta por considerarla una “peligrosa distorsión del sentido ético y democrático del sufragio”.
“El sufragio no debe ser premiado ni comprado”, expresó Méndez, advirtiendo que la medida convierte el acto de votar en “una simple transacción que atenta contra la ciudadanía”.
Desde su natal Neyba, en la provincia Bahoruco, Méndez alertó sobre el riesgo de que estos incentivos se transformen en mecanismos de coacción especialmente dirigidos a los sectores más vulnerables, donde —a su juicio— el Estado debería enfocar sus esfuerzos en educación cívica y formación ciudadana.
“Premiar el cumplimiento de un deber, en lugar de estimularlo por convicción, equivale a institucionalizar el clientelismo y abrir paso a nuevas formas de manipulación electoral”, sostuvo.
Finalmente, instó al Senado de la República a rechazar la iniciativa, argumentando que el fortalecimiento democrático no debe basarse en recompensas, sino en la consolidación de instituciones sólidas, educación política y confianza en el poder de decisión del ciudadano.
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