Madrid, España.— “Mami, ahora podremos salir tranquilas”. La frase, sencilla y cargada de alivio, resume una realidad que durante años ha marcado la infancia de miles de niños y niñas en España: crecer con miedo, aprender a pasar desapercibidos y cargar con preguntas que ningún menor debería hacerse.
Así reaccionó Samy, una niña de 11 años, cuando sus padres le explicaron que el proceso de regularización migratoria que impulsa el Gobierno español también la incluiría a ella. Días antes, la inquietud la desvelaba: “¿Me van a devolver para Colombia, me voy a tener que ir sola?”. La historia fue recogida en una entrevista concedida por su madre, Sofía Jiménez, a la agencia EFE, y difundida este viernes 20 de febrero de 2026.
La experiencia de Samy no es aislada. Es el reflejo de una infancia atrapada en la irregularidad administrativa, una condición que no eligieron, pero que heredaron de sus padres y que los ha condenado durante años a la exclusión silenciosa.
Dos jóvenes junto
al lago del Retiro de Madrid en una imagen de archivo.
Una infancia marcada por el miedo y la desigualdad
Crecer sin papeles en España implica vivir con limitaciones que van mucho más allá de la falta de un documento. Significa mayor riesgo de pobreza, obstáculos para acceder a becas, excursiones escolares, actividades deportivas, prácticas formativas o incluso recibir el título académico al finalizar los estudios.
Aunque no existen cifras oficiales actualizadas, un informe elaborado por Save the Children y PorCausa estimó que en 2019 residían en España cerca de 147,000 niños en situación administrativa irregular, lo que equivalía a uno de cada cinco menores extranjeros en el país.
La legislación española establece que los menores extranjeros heredan el estatus migratorio de sus padres. Así, incluso quienes han nacido en España o nunca han pisado el país de origen de su familia quedan atrapados en una irregularidad que condiciona toda su vida.
Más pobreza, más barreras y menos oportunidades
La experta en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli, explica que mientras no existan medidas específicas para la infancia, se produce un “desfase” entre la regularización de los adultos y la de sus hijos, exponiendo a los menores a un período prolongado de vulnerabilidad.
Ese desfase se traduce en exclusión cotidiana: niños que no pueden apuntarse al comedor escolar, a clases extraescolares o participar en competiciones deportivas porque se les exige un NIE; familias que evitan denunciar abusos o injusticias por temor a una posible expulsión; y menores que crecen sintiéndose culpables por una situación que no comprenden.
Niños entrando en
un centro escolar, en una imagen de archivo.
De la exclusión al deporte negado
Casos como el de Shyrlene Lavalle, también colombiana, revelan cómo la irregularidad afecta incluso al bienestar emocional de los niños. Su hijo no pudo ingresar a la Federación Catalana de Fútbol por no tener papeles, pese a que el deporte era una vía de integración y apoyo tras un proceso migratorio forzado marcado por amenazas en su país de origen.
“Eso lo bajoneó mucho, se sintió triste”, relata. La familia ha sobrevivido gracias a albergues y ayudas municipales en L’Hospitalet de Llobregat, a la espera de una oportunidad que les devuelva la estabilidad.
Una reforma que podría cambiar miles de vidas
La regularización extraordinaria que promueve el Gobierno español podría marcar un antes y un después. La propuesta contempla una protección reforzada para la infancia, otorgando permisos de residencia de cinco años a los menores —frente al año que reciben los adultos—, lo que permitiría mayor estabilidad y acceso real a derechos básicos.
Para madres como la paraguaya Cinthia Alicia Carrillo, que lleva siete años trabajando de forma irregular en el servicio doméstico, la medida representa “una bendición”. Le permitiría buscar empleo digno, mejorar sus ingresos y ofrecer un futuro más seguro a su familia.
La paraguaya
Cinthia Alicia Carrillo con sus dos hijos.
Más que papeles: dignidad y futuro
Más allá de los trámites administrativos, la regularización es vista por las familias como un paso hacia la igualdad y el reconocimiento. “Vinimos a trabajar, a aportar y a construir un futuro mejor”, insiste Sofía Jiménez. “Lo único que queremos es dejar de sentir que estamos haciendo algo malo”.
Si se concreta, la reforma no solo regularizará estatus migratorios: devolverá a miles de niños el derecho fundamental a vivir sin miedo, a soñar sin fronteras y a crecer como lo que son —niños—, no como expedientes invisibles.
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