Santo Domingo.- El Senado estudia un proyecto de modificación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas que plantea un cambio significativo en el tratamiento legal hacia los consumidores. La iniciativa propone eliminar la pena de prisión para quienes sean sorprendidos con posesión o consumo de drogas, sustituyendo esa sanción por la remisión obligatoria a programas de evaluación, orientación y tratamiento.
Actualmente, el artículo 75 de la ley establece que la “simple posesión” puede castigarse con entre seis meses y dos años de cárcel, además de multas de 1,500 a 2,500 pesos. La propuesta, impulsada por el senador Edward Espiritusanto (La Romana–Fuerza del Pueblo), elimina ese castigo y dispone que las autoridades remitan a los infractores a programas de rehabilitación o medidas de reducción de riesgos, bajo protocolos del Ministerio de Salud Pública.
El proyecto mantiene intactas las sanciones contra actividades vinculadas al narcotráfico. Los distribuidores seguirían enfrentando penas de tres a diez años de prisión y multas de hasta 50,000 pesos; los traficantes, condenas de cinco a veinte años y multas no menores a 50,000 pesos; mientras que los patrocinadores del narcotráfico continuarían con la pena máxima de 30 años y multas superiores al millón de pesos.
Espiritusanto argumenta que la adicción debe tratarse como un problema de salud pública y mental, más que como un asunto penal. Según el legislador, las políticas sobre drogas deben orientarse hacia enfoques integrales, centrados en la prevención y la atención sanitaria.
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