Congreso dividido sobre el futuro del Código Penal

A tres meses de su entrada en vigor, crecen las presiones y las posturas encontradas

Santo Domingo.- El nuevo Código Penal, promulgado en agosto de 2025 tras más de dos décadas de debates, enfrenta un escenario de tensión política a menos de tres meses de su aplicación prevista para agosto de este año. La discusión se reactivó luego de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, calificara como “conveniente” revisar la normativa antes de que entre en vigor.

Opiniones encontradas en la Cámara

En el Congreso Nacional no existe consenso sobre el momento adecuado para introducir cambios:

• Ramón Bueno y Amado Díaz (PRM) consideran que lo más prudente es permitir que la ley se aplique primero y, posteriormente, realizar ajustes con base en las recomendaciones de los sectores involucrados. Bueno recordó que este mecanismo ya se utilizó en otras legislaciones, como la ley de la DNI.

• Eugenio Cedeño (PRM) y Charlie Mariotti (PLD) sostienen que el período de vacatio legis debe aprovecharse para corregir fallas antes de la entrada en vigor. Cedeño advirtió que sería un error esperar a que la normativa esté en ejecución para luego modificarla, mientras que Mariotti calificó el Código como una pieza con “abusos y excesos” que deben subsanarse.

Críticas y preocupaciones

Cedeño cuestionó el cúmulo de penas aprobado, señalando que el aumento de sanciones carece de mecanismos de revisión periódica, lo que dificulta equilibrar castigo y reinserción social. Mariotti, por su parte, recordó que votó en contra de la pieza y criticó que el Congreso no haya aprovechado el año de transición para realizar las correcciones necesarias.

Entre los puntos más polémicos figuran la responsabilidad penal de partidos políticos, iglesias y otras personas jurídicas, además de sanciones consideradas excesivas por distintos sectores.

El reto inmediato

Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, el Congreso enfrenta el desafío de decidir si impulsa cambios en el corto plazo o permite que la normativa comience a aplicarse antes de introducir ajustes. La discusión refleja la tensión entre quienes apuestan por implementar primero y corregir después, y quienes insisten en que las fallas deben resolverse antes de agosto.