El Estado dominicano busca recuperar más de RD$1,095 millones retenidos por narcotráfico y corrupción
Santo Domingo.- El Estado dominicano anunció la primera subasta pública de bienes decomisados al narcotráfico, lavado de activos y corrupción, con un valor que supera los RD$1,095 millones. Este proceso, amparado en la Ley 60-23, marca un intento por transformar en liquidez activos que permanecieron retenidos durante más de veinte años en procesos judiciales.
Inventario millonario en subasta
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) informó que se subastarán:
Apartamentos y casas
Solares
Vehículos
Aeronaves y embarcaciones
Joyas y relojes
Lotes de chatarra
En total, 147 bienes o lotes acumulados en operativos y juicios. Entre ellos destaca el avión del caso “Air Cocaine”, valorado en más de RD$95 millones.
Interrogantes sobre la custodia
La subasta abre un debate inevitable:
¿Quién administró estos bienes durante más de dos décadas?
¿Se mantuvieron intactos o fueron utilizados?
¿Quién asumió los costos de mantenimiento de aeronaves, yates y apartamentos de lujo?
El deterioro de algunos activos, convertidos en chatarra, evidencia pérdidas de valor significativas.
El contraste con el gasto público
El valor total de los bienes equivale a menos de la mitad del presupuesto anual de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), proyectado en RD$2,640 millones para 2026. La comparación expone un desfase: el Estado invierte de manera sostenida en la lucha contra el narcotráfico, pero tarda décadas en monetizar los bienes incautados.
Transparencia y destino de los fondos
Aunque la Ley 60-23 busca corregir retrasos, aún no se ha detallado:
Si los fondos se reinvertirán en seguridad o ingresarán al fondo general del Estado
Qué mecanismos de control garantizarán transparencia en la subasta
Si se publicarán los resultados completos: compradores, precios y condiciones.
La subasta representa un cambio operativo y legal, pero también expone un problema estructural: durante más de 20 años, el Estado acumuló bienes millonarios que no se tradujeron en ingresos inmediatos, mientras el gasto público en seguridad crecía sin pausa. La transparencia y el destino de los recursos serán claves para evaluar si este nuevo modelo logra cerrar esa brecha.
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