Abinader despoja de alta condecoración a exjefe de la DEA salpicado por escándalo de fraude de visas

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Abinader despoja de alta condecoración a exjefe de la DEA salpicado por escándalo de fraude de visas

El agente Melitón Cordero, reconocido por el Estado dominicano en 2024, enfrenta graves acusaciones de soborno y corrupción en Estados Unidos; el Gobierno revocó discretamente el decreto que le otorgaba el honor nacional. 

Santo Domingo, DN.- Lo que hace apenas unos meses fue presentado como un símbolo de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, hoy se ha convertido en un incómodo episodio diplomático y político. El presidente Luis Abinader decidió retirar la condecoración otorgada al exsupervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Melitón Cordero, luego de que este fuera arrestado en Estados Unidos por presuntas irregularidades vinculadas a fraude migratorio y sobornos.

La decisión del mandatario dominicano, aunque manejada con discreción, quedó plasmada en el decreto 107-26, emitido el pasado 17 de febrero, mediante el cual se derogó el decreto 520-24 que había concedido a Cordero la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, una de las más altas distinciones que entrega el Estado dominicano.

La medida se produjo días después de que las autoridades estadounidenses informaran el arresto del agente, quien durante aproximadamente seis años estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo como uno de los principales representantes de la DEA en el país.

Según la acusación presentada ante el tribunal del Distrito de Columbia, Cordero habría utilizado su posición para agilizar al menos 119 solicitudes de visas temporales, una de las cuales presuntamente fue emitida de manera fraudulenta. Las autoridades estadounidenses sostienen que el imputado habría recibido miles de dólares a cambio de facilitar esos procesos migratorios.

El caso ha generado gran impacto debido al nivel de confianza y responsabilidad que ostentaba el funcionario dentro de los organismos de seguridad estadounidenses, especialmente en momentos en que Washington mantiene una política de endurecimiento migratorio y combate frontal contra la corrupción pública.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, encargada del proceso, fue enfática al condenar la conducta atribuida al exagente.

“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del presidente”, expresó Pirro en un comunicado oficial.

El escándalo provocó además el cierre temporal de las oficinas de la DEA en República Dominicana, una medida que encendió las alarmas tanto en sectores diplomáticos como en organismos de seguridad locales, debido a la estrecha cooperación existente entre ambos países en materia de combate al narcotráfico y crimen organizado.

En los considerandos del decreto que revoca la condecoración, el presidente Abinader sostuvo que el Estado dominicano tiene la obligación de “preservar el prestigio, dignidad y valor simbólico de sus condecoraciones nacionales”, las cuales representan los ideales y símbolos patrios vinculados a los Padres de la Patria.

La distinción había sido otorgada tras una recomendación del canciller Roberto Álvarez, quien preside el Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

Aunque las investigaciones continúan avanzando en territorio estadounidense, hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles actualizados sobre el estado procesal del caso ni sobre posibles nuevos implicados.

Las pesquisas están siendo desarrolladas conjuntamente por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la propia DEA.

El caso amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados para la cooperación antidrogas entre República Dominicana y Estados Unidos en los últimos años, al tiempo que reabre el debate sobre los mecanismos de supervisión y transparencia dentro de los organismos internacionales destacados en el país.

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