Santo Domingo, DN.- En una decisión de alto impacto político, social y ambiental, el presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, acogiendo el clamor de amplios sectores de la sociedad que en las últimas semanas protagonizaron manifestaciones multitudinarias en defensa de los recursos hídricos, la vocación agrícola de la zona y la preservación medioambiental de la región Sur.
El anuncio presidencial representa un punto de inflexión en una de las controversias ambientales más sensibles de los últimos años en República Dominicana, y constituye una señal inequívoca de que el Gobierno ha decidido colocar la paz social, la institucionalidad y el principio de precaución ambiental por encima de cualquier interés económico vinculado a la explotación minera.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó el mandatario en un mensaje dirigido a la nación, en el que subrayó que la medida responde al deber del Estado de garantizar decisiones sustentadas en la legalidad, el consenso social y la sostenibilidad.
Loma Los Romero
Un proyecto con más de dos décadas de historia
El proyecto minero Romero no es una iniciativa reciente. Su origen se remonta al año 2005, cuando fueron otorgadas las primeras concesiones de exploración. Posteriormente, dichas autorizaciones fueron reiteradas en 2010, mientras que en 2015 y 2018 se aprobaron nuevas renovaciones y estudios técnicos orientados a delimitar la viabilidad geológica y económica del yacimiento.
La propuesta minera contempla la explotación de depósitos de oro, cobre y plata ubicados en la comunidad de Los Romeros, en la provincia San Juan, una zona de enorme valor estratégico por su riqueza hídrica y agrícola, considerada por muchos como una de las principales despensas alimentarias del país.
No obstante, el presidente Abinader precisó que durante su administración no se ha autorizado ninguna explotación minera, aclarando que el proyecto únicamente se encontraba en fase de evaluación ambiental, sin permiso de operación ni licencia definitiva.
La Ley 64-00 y el peso del rechazo ciudadano
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio presidencial fue el reconocimiento expreso del peso de la participación social en la toma de decisiones públicas. El jefe de Estado recordó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece criterios estrictos de sostenibilidad, impacto ecológico y consulta social para proyectos de gran magnitud.
En ese contexto, afirmó que cuando una comunidad expresa de manera masiva y consistente su rechazo a una iniciativa de alto impacto ambiental, esta pierde viabilidad social y política, razón suficiente para paralizar su avance.
La declaración presidencial se produce luego de intensas jornadas de movilización en San Juan, donde organizaciones campesinas, ambientalistas, iglesias, juntas de vecinos, sectores profesionales y agrupaciones estudiantiles marcharon bajo la consigna de defensa del agua, de la tierra cultivable y de la salud de las futuras generaciones.
Agua versus minería: el corazón del conflicto
El principal temor de las comunidades ha estado centrado en la posibilidad de que una explotación minera metálica de gran escala pueda afectar acuíferos, cuencas hidrográficas y zonas agrícolas vitales para la producción de habichuelas, maíz, arroz, vegetales y otros rubros esenciales para la seguridad alimentaria nacional.
San Juan es reconocida como una provincia eminentemente agrícola, sustentada por sistemas de riego que dependen de importantes reservas acuíferas y de infraestructuras hidráulicas clave para la producción nacional. De ahí que amplios sectores sostuvieran que la minería metálica y la agricultura intensiva resultan incompatibles en ese territorio, por los riesgos de contaminación de suelos y aguas con residuos químicos o drenaje ácido.
Victoria social y nuevo desafío gubernamental
La suspensión del proyecto Romero ha sido interpretada por sectores sociales como una victoria de la movilización cívica, pero al mismo tiempo plantea al Gobierno el reto de impulsar alternativas de desarrollo económico para San Juan que generen empleos, inversiones y bienestar sin comprometer el equilibrio ecológico.
Especialistas consideran que la coyuntura abre espacio para relanzar planes enfocados en agroindustria, turismo ecológico, energías renovables, manejo sostenible del agua y fortalecimiento de la producción agrícola, áreas que podrían convertir a San Juan en referente nacional de desarrollo sustentable.
Al cerrar su mensaje, el presidente reiteró la línea que marcará esta decisión:
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”.
Con esa frase, el mandatario no solo dejó cerrado —al menos por ahora— el capítulo del proyecto Romero, sino que colocó en el centro del debate nacional una pregunta de fondo: ¿qué modelo de desarrollo quiere construir la República Dominicana en las próximas décadas?
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