Guess Investments emerge como accionista clave en el proyecto Romero
Santo Domingo. – El controvertido proyecto minero Romero, impulsado por la canadiense GoldQuest Mining Corp. en San Juan, no solo cuenta con respaldo de grandes inversionistas internacionales. Una parte relevante de su capital proviene de ciudadanos dominicanos agrupados en Guess Investments Ltd., sociedad registrada en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, pero con dirección en el ensanche Piantini del Distrito Nacional.
La entrada de Guess Investments en 2025 fue contundente: primero adquirió 7.45 millones de acciones a un precio de 0.20 dólares canadienses, y meses después amplió su participación con 10.9 millones de acciones adicionales a 0.50 dólares canadienses, aportando 5.4 millones de dólares canadienses a la minera. Con ello, alcanzó el 11.3 % del capital accionario y obtuvo derecho a designar hasta dos miembros en el consejo de administración, entre ellos Charles Reid Bermúdez.
GoldQuest destacó públicamente que la firma es “propiedad de un grupo de ciudadanos dominicanos”, interpretando la operación como muestra de apoyo local al proyecto Romero. Sin embargo, la decisión del presidente Luis Abinader de paralizar todas las actividades vinculadas al proyecto, tras masivas protestas en San Juan por riesgos ambientales en la presa de Sabaneta y fuentes hídricas, cambió el panorama.
El anuncio provocó un desplome inmediato en la bolsa: las acciones de GoldQuest cayeron más de 42 %, hasta 0.41 dólares canadienses, por debajo del precio pagado por Guess Investments en la colocación de julio de 2025. La minera intentó contener el impacto asegurando que el proyecto sigue en fase de evaluación ambiental y que continuará dialogando con autoridades y comunidades bajo criterios científicos.
El caso revela una dimensión poco visible: detrás de GoldQuest no solo operan intereses extranjeros, sino también capital dominicano estructurado en jurisdicciones de baja tributación y alta confidencialidad. Los recursos captados en 2025 estaban destinados a financiar estudios de impacto ambiental, viabilidad bancaria y exploraciones en el “Cinturón de Tireo”, planes que ahora quedan en suspenso tras la decisión gubernamental.
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