TC declara inconstitucional la derogación de sanciones y pide nueva ley
Santo Domingo.- La usura podría volver a ser castigada penalmente en República Dominicana, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que exhorta al Congreso Nacional a aprobar un marco legal específico para sancionar esa práctica.
El fallo TC/0235/26 declaró inconstitucional la derogación de las disposiciones que tipificaban la usura como delito, eliminadas con la entrada en vigor de la Ley 183-02 del Código Monetario y Financiero. Según el tribunal, esa supresión dejó al país en incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Argumentos del tribunal
La alta corte sostuvo que la derogación produjo una “inconstitucionalidad sobrevenida”, ya que la Constitución de 2010 otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana establece que la usura y cualquier forma de explotación deben ser prohibidas por la ley.
El TC reconoció que existen normas administrativas y mecanismos de protección al consumidor, pero aclaró que no sustituyen una legislación penal específica. Por ello, exhortó al Congreso a legislar nuevamente sobre la prohibición de la usura.
Antecedentes históricos
La normativa derogada incluía la Orden Ejecutiva 312 de 1919, que fijaba un interés legal de 1 % mensual en préstamos civiles y comerciales. Además, castigaba la usura con penas de prisión de seis días a seis meses y multas de hasta la mitad del dinero obtenido mediante intereses abusivos, con sanciones más severas en casos de reincidencia.
Acción de inconstitucionalidad
La sentencia responde a un recurso presentado por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral primero del artículo 91 de la Ley 183-02. El tribunal aclaró que la derogación no fue automáticamente inconstitucional en 2002, ya que la Constitución vigente en ese momento no otorgaba jerarquía constitucional a los tratados internacionales.
¿Qué es la usura?
La usura consiste en el cobro de intereses excesivos en préstamos de dinero, aprovechándose de la necesidad económica del deudor. Se manifiesta en tasas desproporcionadas, penalidades abusivas y condiciones contractuales que generan explotación financiera.
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