El limbo constitucional de una ley que se niega a morir

Dos iniciativas legislativas mantienen abierto el debate sobre pagos a contratistas

Santo Domingo.- La ley que buscaba saldar deudas acumuladas del Estado con contratistas desde 1996 permanece atrapada en un limbo constitucional. Aunque fue observada por el presidente Luis Abinader, sigue viva en el Congreso, coexistiendo con otra pieza legislativa aprobada para el mismo propósito, pero con cambios sustanciales.

El proyecto original, convertido en ley por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026, reconocía directamente las acreencias de 571 contratistas y ordenaba su pago inmediato. Sin embargo, Abinader lo devolvió con observaciones, alegando que el texto carecía de precisión en los montos y en la identificación formal de los beneficiarios.

La Constitución establece en su artículo 102 que, cuando el Ejecutivo observa una ley, esta debe ser devuelta a la cámara de origen para una nueva aprobación en única lectura. Pero el artículo 103 introduce un matiz: si el Congreso no actúa en dos legislaturas ordinarias, la observación se considera aceptada y la ley queda aprobada automáticamente. Ese procedimiento mantiene abierto el camino para que la pieza original pueda revivir.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados impulsó una nueva iniciativa, presentada por su presidente Alfredo Pacheco, que modifica el mecanismo de validación de las acreencias. El texto crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar desembolsos, con facultad para rechazar solicitudes o reducir montos, aunque sin posibilidad de incluir nuevos beneficiarios. Este proyecto elimina el reconocimiento automático y somete las deudas a un proceso de confirmación caso por caso.

Actualmente, la nueva ley ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, la primera pieza legislativa continúa vigente en la Cámara, generando un escenario inédito: dos iniciativas distintas sobre las mismas deudas del Estado, una en espera de promulgación y otra atrapada en un limbo constitucional que podría activarse en cualquier momento.