Colaboración de German Reyes
Santo Domingo. Una nueva controversia se abre en el complejo escenario migratorio dominicano. Organizaciones de la sociedad civil consideran que la Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM) constituye, en la práctica, una derogación encubierta del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), iniciativa que durante la última década permitió a decenas de miles de inmigrantes regularizar su situación en el país.
La advertencia fue formulada por la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau y el Movimiento Sociocultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Moscta), entidades que sostienen que la nueva disposición impone requisitos que no existían cuando los beneficiarios ingresaron al programa estatal y que podrían provocar la pérdida de su estatus migratorio.
El debate trasciende el ámbito administrativo y amenaza con trasladarse a los tribunales, donde expertos prevén una discusión sobre derechos adquiridos, seguridad jurídica y protección constitucional de personas que, durante años, han renovado sus permisos bajo las reglas establecidas por el propio Estado dominicano.
Un plan concebido para regularizar
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Migración el 23 de noviembre de 2013 y formalizado mediante el Decreto 327-13 el 29 de noviembre de ese mismo año.
Su implementación comenzó oficialmente el 1 de junio de 2014 y se extendió hasta el 28 de febrero de 2015, período durante el cual miles de extranjeros en condición migratoria irregular presentaron documentación para acogerse al proceso.
La iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de ordenar la presencia de extranjeros en territorio dominicano, establecer mecanismos de identificación y facilitar la integración de quienes demostraran vínculos laborales, familiares o sociales con el país.
Durante años, numerosos beneficiarios renovaron sus permisos siguiendo las directrices establecidas por las autoridades migratorias, consolidando una expectativa legítima de permanencia bajo las condiciones originalmente fijadas.
La resolución que encendió las alarmas
Según las organizaciones denunciantes, la Resolución DGM-001-2026 modifica sustancialmente el escenario para quienes forman parte del PNRE.
A su juicio, la disposición introduce exigencias que no estaban contempladas en las reglas originales y que resultan prácticamente imposibles de cumplir para miles de personas que desarrollaron su vida laboral en sectores históricamente caracterizados por la informalidad.
La principal preocupación radica en que muchos beneficiarios podrían quedar imposibilitados de renovar sus permisos migratorios por razones ajenas a su voluntad, aun cuando hayan cumplido durante años con los procedimientos exigidos por el Estado.
Las entidades sostienen que el problema no es una supuesta violación de la ley por parte de los trabajadores, sino la realidad histórica de sectores económicos donde los empleadores nunca formalizaron adecuadamente las relaciones laborales.
Los cañeros: el grupo más vulnerable
Entre los sectores más afectados figuran los antiguos trabajadores de la industria azucarera y sus familias.
Muchos de ellos llegaron a República Dominicana mediante acuerdos bilaterales suscritos entre los gobiernos dominicano y haitiano durante décadas pasadas para suplir la demanda de mano de obra en los ingenios.
Actualmente gran parte de esos trabajadores supera los 60 años de edad. Algunos están retirados, otros sobreviven mediante trabajos ocasionales y muchos quedaron desvinculados de empresas que desaparecieron hace años.
Las organizaciones plantean una pregunta que consideran crucial: ¿cómo puede exigirse hoy un contrato laboral vigente y formalmente registrado a personas cuya vida productiva transcurrió en un sistema que nunca documentó adecuadamente sus relaciones de trabajo?
Para estos trabajadores, argumentan, obtener un nuevo contrato registrado resulta prácticamente imposible debido a su edad y a las condiciones actuales del mercado laboral.
Agricultura y construcción: una realidad de informalidad
El panorama no es diferente para miles de trabajadores agrícolas.
Según las organizaciones, históricamente gran parte de las labores agrícolas se desarrolló sin contratos formalizados ante las autoridades competentes, por lo que numerosos empleados carecen de documentos que hoy serían exigidos para demostrar continuidad laboral.
La situación también afecta al sector construcción, donde la contratación suele realizarse por obra específica y los trabajadores cambian frecuentemente de empleador.
Los grupos cívicos consideran que la exigencia de demostrar una relación laboral continua ignora la dinámica tradicional de una actividad económica que opera precisamente mediante contrataciones temporales y proyectos de corta duración.
Las trabajadoras domésticas y el sector informal
Otro segmento que podría quedar fuera del sistema es el de las trabajadoras domésticas.
Durante décadas, el servicio doméstico en República Dominicana funcionó sin contratos escritos ni registros formales ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), situación que dificulta demostrar vínculos laborales bajo los nuevos parámetros.
A esto se suman miles de personas que, tras regularizarse mediante el PNRE, encontraron sustento en actividades informales como ventas ambulantes, pequeños comercios o servicios independientes.
Las organizaciones denuncian que la resolución establece que el permiso TT-1 no autoriza determinadas actividades económicas informales y advierte que el incumplimiento podría derivar en la cancelación del estatus migratorio e incluso en procesos de deportación.
Para la Red Jacques Viau y Moscta, esta disposición representa uno de los aspectos más preocupantes de la nueva normativa.
¿Derechos adquiridos o nuevas reglas?
El núcleo del debate jurídico gira en torno a una interrogante fundamental: ¿puede una resolución administrativa imponer nuevas condiciones a personas que regularizaron su situación bajo reglas diferentes?
Las organizaciones entienden que existe una contradicción entre los objetivos originales del Plan Nacional de Regularización y la aplicación actual de la Resolución 001-2026.
Alegan que miles de beneficiarios actuaron de buena fe, aportaron documentación, participaron en procesos de evaluación y renovaron periódicamente sus permisos conforme a las directrices estatales.
Por ello, consideran que imponer ahora requisitos distintos podría vulnerar principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de derechos previamente reconocidos.
Posible batalla constitucional
La controversia podría terminar en los tribunales.
La Red Jacques Viau y Moscta afirman que existen fundamentos suficientes para desarrollar un amplio dictamen jurídico basado en la Constitución dominicana, la Ley General de Migración 285-04, el Decreto 327-13 que creó el PNRE, decisiones del Tribunal Constitucional y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El objetivo sería sustentar una eventual impugnación administrativa o constitucional contra la aplicación de la Resolución 001-2026 a quienes ingresaron al Plan Nacional de Regularización.
De prosperar una acción judicial, los jueces tendrían que ponderar el equilibrio entre la potestad del Estado para regular la migración y la protección de personas que llevan años viviendo, trabajando y formando familias en territorio dominicano bajo un esquema de regularización promovido por las propias autoridades.
Un debate con profundas implicaciones sociales
Más allá de la dimensión legal, la discusión tiene un importante componente humano.
Detrás de los expedientes migratorios existen miles de personas que han pasado décadas en República Dominicana, muchas de ellas vinculadas a sectores esenciales de la economía nacional.
La resolución ha reabierto el debate sobre cómo armonizar las políticas de control migratorio con la realidad social y económica de trabajadores que durante años permanecieron integrados en la vida productiva del país.
Mientras las organizaciones preparan posibles acciones legales y las autoridades defienden la necesidad de fortalecer los controles migratorios, el futuro de miles de beneficiarios del PNRE permanece en incertidumbre, en lo que podría convertirse en uno de los más importantes litigios migratorios de los últimos años en República Dominicana.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji