Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo Este.– La tensión entre las autoridades y los propietarios de centros nocturnos de la República Dominicana escaló este lunes a un nuevo nivel, luego de que representantes de bares, discotecas y establecimientos de diversión ratificaran la convocatoria de una parada cívica frente al Palacio Nacional para denunciar lo que consideran una ola de cierres injustificados y acciones abusivas por parte de organismos de control gubernamental.
La manifestación, programada para el próximo 30 de junio, surge en medio de crecientes reclamos del sector, que asegura estar siendo objeto de intervenciones arbitrarias por parte del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), en coordinación con agentes de la Policía Nacional.
Según denunciaron dirigentes de la Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend), numerosos establecimientos han sido clausurados temporalmente pese a contar con las autorizaciones requeridas para operar, situación que, afirman, ha provocado pérdidas millonarias y un ambiente de incertidumbre entre inversionistas y trabajadores.
“El maltrato son los abusos y atropellos que están cometiendo con nosotros los empresarios, cerrándonos los negocios antes del horario, pidiéndonos la permisología donde nosotros tenemos todos nuestros documentos al día y, aun teniendo nuestros documentos en regla, nos cierran y colocan cintillos de clausura temporal”, expresó Junior González, presidente del gremio.
Una cadena de cierres en varias provincias
La organización sostiene que las intervenciones se han intensificado en las últimas semanas, afectando a decenas de negocios en distintos puntos del país.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Udcend, 17 establecimientos fueron cerrados en Baní, otros 10 en Azua, cinco en Santo Domingo Este y 12 en Santo Domingo Norte, cifras que reflejan el alcance de los operativos realizados por las autoridades.
El gremio asegura que, durante los primeros seis meses de 2026, alrededor de 40 centros nocturnos han sido clausurados de manera temporal o definitiva, una situación que, según afirman, está generando preocupación entre los empresarios del sector.
Impacto económico y laboral
Más allá de las pérdidas directas para los propietarios, los representantes de los centros de diversión advierten que la situación afecta a cientos de empleados y suplidores que dependen de la actividad nocturna para generar ingresos.
La organización estima que los daños económicos acumulados oscilan entre RD$50 millones y RD$60 millones, monto que incluye pérdidas por ventas dejadas de percibir, inversiones paralizadas y compromisos financieros que continúan vigentes a pesar de los cierres.
Los empresarios argumentan que la industria del entretenimiento nocturno constituye una importante fuente de empleos para camareros, bartenders, personal de seguridad, músicos, artistas, DJs, técnicos de sonido y otros trabajadores vinculados a la actividad.
Asimismo, destacan el impacto indirecto sobre suplidores de bebidas, alimentos, transporte y servicios diversos que forman parte de la cadena económica que gira alrededor de estos negocios.
Llamado directo al presidente Abinader
Ante lo que describen como una falta de respuestas satisfactorias por parte de las instituciones competentes, los representantes del sector hicieron un llamado público al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga y garantice el respeto al debido proceso.
Aseguran haber agotado múltiples canales institucionales en busca de soluciones, sin obtener resultados concretos que permitan frenar los cierres y las sanciones que consideran desproporcionadas.
La protesta frente al Palacio Nacional, explicaron, busca llamar la atención del Gobierno sobre una problemática que, a su juicio, amenaza la estabilidad de cientos de pequeñas y medianas empresas dedicadas al entretenimiento.
“Estaremos de manera pacífica frente al Palacio Nacional, decenas de hombres trabajadores que solo desean ganarse la vida en paz y tranquilidad, sin vivir bajo un estado de zozobra”, manifestaron los dirigentes de Udcend.
Debate entre regulación y actividad económica
La controversia reabre el debate sobre los mecanismos de regulación de los establecimientos nocturnos y la necesidad de equilibrar el orden público con el derecho de las empresas a operar bajo condiciones claras y transparentes.
Mientras las autoridades suelen justificar los operativos en función del cumplimiento de normas relacionadas con seguridad, horarios, expendio de bebidas alcohólicas y control de ruido, los empresarios sostienen que muchos de los cierres se ejecutan aun cuando los negocios cumplen con las exigencias legales.
Los propietarios aseguran que mantienen actualizados sus permisos de operación, respetan los horarios establecidos y observan las disposiciones ambientales vigentes, por lo que consideran injustificadas las sanciones que les han sido impuestas.
Parada cívica que pone a prueba el diálogo
La convocatoria de la parada cívica coloca ahora el foco sobre la capacidad de diálogo entre el Gobierno y un sector que afirma sentirse perseguido y desprotegido.
Los empresarios insisten en que no buscan confrontación, sino la apertura de espacios de entendimiento que permitan revisar los procedimientos de fiscalización y garantizar reglas claras para todos los actores involucrados.
A pocos días de la manifestación anunciada, crece la expectativa sobre una posible respuesta oficial que contribuya a desactivar el conflicto y evitar que las tensiones continúen escalando.
Por el momento, los propietarios de bares y discotecas mantienen firme su decisión de movilizarse hasta el Palacio Nacional, convencidos de que su reclamo representa la defensa de miles de empleos y de una actividad económica que consideran vital para el dinamismo de numerosas comunidades del país.
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