Prohíben importación de foam y fijan aportes obligatorios según ingresos
Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó este martes, en sesión extraordinaria y bajo declaratoria de urgencia, las modificaciones a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que endurecen las reglas sobre plásticos de un solo uso y establecen nuevas contribuciones económicas para entidades y personas jurídicas.
Votación y procedimiento
La iniciativa fue introducida por el senador Antonio Marte (Santiago Rodríguez) y aprobada en dos lecturas consecutivas con 28 votos a favor de 32 presentes. La propuesta legislativa fue presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega) y Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata).
Principales cambios
Prohibición de importación: Se veta la entrada al país de sorbetes, cubiertos plásticos y productos de poliestireno (foam) sin certificación de biodegradabilidad.
Uso de sustitutos sostenibles: A partir de seis meses de la promulgación, se fomentará el empleo de materiales reciclados y biodegradables como papel y cartón.
Contribución especial obligatoria: Toda persona jurídica o entidad deberá pagar un aporte anual en base a sus ingresos, destinado a un fondo para mitigar los efectos de la disposición de residuos y fortalecer el sistema de gestión integral.
Escala de aportes
El artículo 36 establece un esquema progresivo de pagos:
Hasta 5 millones de pesos: RD$3,500.
Entre 5 y 10 millones: RD$6,000.
Entre 10 y 25 millones: RD$20,000.
Entre 25 y 50 millones: RD$90,000.
Entre 50 y 80 millones: RD$120,000.
Entre 80 y 100 millones: RD$150,000.
Entre 100 y 300 millones: RD$400,000.
Entre 300 y 500 millones: RD$500,000.
Entre 500 y 700 millones: RD$675,000.
Entre 700 millones y 1,000 millones: RD$700,000.
Entre 1,000 y 2,000 millones: RD$1,700,000.
Más de 2,000 millones: RD$3,000,000.
Los montos serán indexados anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central. La DGII será responsable de la recaudación y transferencia de los fondos a la Tesorería Nacional, que los dirigirá al fideicomiso creado por la ley.
Reacciones empresariales
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) criticó la declaratoria de urgencia, señalando que su uso frecuente debilita el debate legislativo y limita la participación de sectores interesados. Recordó que en enero de 2025 la misma ley fue modificada de urgencia y advirtió que reformas complejas requieren más diálogo y deliberación técnica.
Próximos pasos
La pieza ahora deberá ser conocida en la Cámara de Diputados, donde se decidirá su aprobación definitiva.
Una versión que resalta tanto la urgencia legislativa como las implicaciones económicas y ambientales, ofreciendo un panorama completo sobre el impacto de la reforma en la gestión de residuos del país.
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