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El coronel Carlos Piccini, entonces director
de Proyectos Especiales
de las Fuerzas Armadas, reunido con
ejecutivos de la compañìa
española ARPA negociando la compra de
equipos para la frontera.
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Revelan que los militares y
civiles acusados por el caso aviones Tucano fueron favorecidos con otro
contrato por US$12.4 millones. Podrían surgir nuevos elementos,
según confidencias cercanas a los involucrados. Se recuerda que una transferencia de fondos encontró la
oposición del entonces jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Dominicana, mayor general Carlos Rafael Martín Altuna Tezanos, quien no estuvo
de acuerdo en que se tomara dinero de la cuenta de los aviones Tucano
para comprar equipos militares a otra institución.
SANTO DOMINGO.- Los militares y empresarios
dominicanos acusados por el Ministerio Público de haber recibido un soborno de
US$ 3.5 millones en la operación de compra de aviones Super Tucano a Brasil,
ejecutaron también otro contrato por valor de US$12.4 millones, para
suplir equipos y tecnología a las Fuerzas Armadas, con fondos desviados de
la cuenta correspondiente a las aeronaves compradas a la empresa Embraer.
En octubre de 2009 el Senado de la República
Dominicana aprobó un convenio de crédito para la compra de suministros
militares de campaña, para control, vigilancia y asistencia en la frontera
terrestre, que sería operado por el Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza Terrestre (CESFRONT).
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Mayor
general Pedro Rafael Peña Antonio,
exsecretario
de las Fuerzas Armadas.
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El exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Rafael
Peña Antonio, y el coronel Carlos
Piccini, entonces director de Proyectos Especiales de las Fuerzas Armadas,
dirigieron la parte operativa del convenio con la compañía española
Equipos Móviles de Compaña ARPA, S.A.U.
Mientras, los empresarios Daniel Aquino Hernández y
Daniel Aquino Méndez sirvieron de intermediarios para facilitar el
financiamiento del contrato con el Deutsche Bank, Sociedad Española.
El contrato involucró 9.3 millones de euros,
unos 12,4 millones de dólares a la tasa oficial de ese momento, y fue
financiado con recursos desviados de la Fuerza Aérea Dominicana, de los fondos
destinados para pagar las cuotas del financiamiento de los aviones Tucano.
Desde la dirección de Notiactualidad Global.com y otros medios
de comunicación, en más de una ocasión, se ha solicitado al Ministerio de
Defensa, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, copia del
contrato entre esa institución y la compañía Equipos Móviles de
Compaña ARPA, S.A.U, pero hasta el momento esa información no ha sido entregada
como manda la ley 200-04.
El general Peña Antonio y el exsecretario de Hacienda,
Vicente Bengoa, desembolsaron inicialmente 6 millones de dólares para ejecutar
el proyecto de seguridad para la frontera, luego se pagaron 14 cuotas de la
misma fuente.
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Mayor general retirado Carlos Altuna
Tezanos,
Ex Jefe de la Fuerza Aérea Dominicana.
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El general Altuna Tezanos se opuso.- La transferencia encontró la
oposición del entonces jefe de Estados Mayor de la Fuerza Aérea
Dominicana, general Carlos Altuna Tezanos, quien no estuvo de acuerdo en
que se tomara dinero de la cuenta de los aviones Tucano para comprar equipos
militares a otra institución.
El decreto 225-07, que
creó la tasa de US$ 1 por entrada y salida de pasajeros por los aeropuertos,
refiere que los fondos obtenidos a través de este impuesto, se destinaran
exclusivamente a la adquisición y mantenimiento de ocho aviones Super Tucano.
La Fuerza Aérea de la
República Dominicana (FARD) recibe promedio 8 millones de dólares cada año,
producto del impuesto a los pasajeros para cubrir el pago de las aeronaves
militares; la cuenta es manejada por el Ministerio de Hacienda.
El acuerdo fue suscrito por la compañía Equipos
Móviles de Compaña ARPA, S.A.U., el Ejército de la República Dominicana y el
Deutsche Bank, Sociedad Española, por la suma de 9 millones 349 mil 214 euros.
La documentación obtenida por Notiactualidad Global.com
describe que el convenio tuvo como objeto financiar el precio del contrato
comercial en un cien por ciento, más la totalidad del monto de la prima
provisional del seguro para el crédito y sus intereses, grantizados por
la compañía española de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A (CESCE).
Los equipos fueron pagados en 14 cuotas, más intereses
y la comisión de gestión de 0.65% sobre el monto del financiamiento.
Estas operaciones fueron dirigidas por los empresarios
Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, ambos ahora cumplen medidas de
coerción por el caso de acusación de soborno de US$3.5 millones en la compra de
los aviones Tucano.
El contrato llamado “Supercaria” incluyó la entrega de
vehículos de trasporte de tropas, grúas con plataformas, unidad de taller
móvil, ambulancias y unidades móviles de vigilancia con cámara de videos y
puestos de control y operaciones.
La compañía debió suministrar diez puestos móviles de
control fronterizo, dos campamentos modulares de reacción rápida, con capacidad
para 400 tropas.
Además, la construcción de dos campamentos fijos en
los puestos fronterizos de Dajabón y Jimaní, con alojamiento para
oficiales y tropas, puesto de mando, armería y un sistema de generación de
energía eléctrica.
Según el contrato, la compañía suplidora abastecería
de indumentaria y equipamiento individual para los soldados, como uniformes
equipos anti disturbios, chalecos antibalas, visores nocturnos y tecnología de
comunicación.
Sin embargo, aunque los equipos fueron importados al
país en julio y agosto de 2010, no fue hasta dos años después
(2012) cuando fueron instalados.
¿Equipos expuestos a daños?.- Una fuente militar, que en su
momento fue director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
Terrestre, explicó a reporteros de Notiactualidad Global.com que una parte
importante de los equipos y tecnología estuvo expuesta a daños de consideración
por el prolongado tiempo de almacenamiento sin las condiciones que requiere
este tipo de tecnología.
Este hecho provocó que el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas de entonces presionara a la compañía suplidora para que
cumpliera con la instalación de los campamentos en la frontera.
La misma fuente consultada aseguró que la mayoría de
los equipos fue instalada con recurso del Ministerio de Defensa, porque la
empresa, por algún motivo, había incumplido con esa parte. Esta versión no pudo
ser confirmada oficialmente.




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