Barahona.- La región Suroeste volvió este domingo a colocarse en el centro del debate nacional con una de las movilizaciones sociales y ambientales más importantes de los últimos años, cuando miles de personas provenientes de distintas provincias del país se congregaron en Barahona para exigir la protección de los recursos naturales del Bahoruco Oriental, rechazar la expansión de actividades mineras y reclamar la ejecución de obras consideradas vitales para el desarrollo económico y social de la zona.
Ni las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo impidieron que representantes de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, estudiantiles, sindicales, religiosas y gremiales respondieran al llamado de la Coalición Enriquillo, entidad que encabeza desde hace años diversas luchas en defensa de los recursos naturales y las reivindicaciones sociales de las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar delegaciones procedentes de diferentes localidades del país, convirtiendo la jornada en una demostración de fuerza ciudadana que trascendió los límites de la región Enriquillo y evidenció la creciente preocupación nacional por el futuro ambiental del suroeste dominicano.
La movilización inició con una concentración en las inmediaciones del Cruce de Cabral, desde donde los participantes se desplazaron hacia distintos puntos de la ciudad de Barahona portando pancartas, consignas y mensajes en defensa del agua, los bosques y la biodiversidad de la Sierra de Bahoruco.
Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la protección del Bahoruco Oriental, una zona considerada estratégica para la conservación de importantes ecosistemas, fuentes acuíferas y especies endémicas de la República Dominicana. Los manifestantes expresaron preocupación por los proyectos de exploración y explotación minera que, según afirman, podrían poner en riesgo recursos naturales fundamentales para la supervivencia de las comunidades de la región.
Los organizadores sostienen que la preservación de esta área montañosa no solo constituye una necesidad ambiental, sino también una garantía para la producción agrícola, el abastecimiento de agua potable y la estabilidad ecológica de amplios territorios del suroeste.
Durante la jornada también fueron reiteradas las demandas relacionadas con la terminación integral del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande, una obra considerada fundamental para transformar las condiciones productivas de la región.
Antes, durante y después de la marcha en Barahona, hubo un aplio despliegue militar y policial.
Aunque la presa fue inaugurada parcialmente, sectores comunitarios, productores agrícolas y dirigentes sociales sostienen que aún permanecen pendientes obras complementarias esenciales para alcanzar los beneficios prometidos originalmente, entre ellas sistemas de riego, infraestructura hidráulica, reasentamientos definitivos y otras intervenciones destinadas a potenciar la producción agropecuaria y garantizar la seguridad hídrica de miles de familias.
Los participantes también reclamaron mayores inversiones públicas en salud, educación, infraestructura vial, generación de empleos, acceso al agua potable y fortalecimiento de los servicios básicos en las provincias del suroeste, una de las regiones que históricamente ha exhibido mayores niveles de pobreza y desigualdad en comparación con otras zonas del país.
Antes del inicio de la marcha llamó la atención la amplia presencia de agentes policiales y efectivos militares desplegados en distintos puntos de Barahona, especialmente en las áreas por donde transitaría la movilización.
Sin embargo, la actividad se desarrolló sin incidentes y bajo un ambiente de orden, mientras los organizadores insistían en el carácter pacífico de la protesta.
Leonardo Mercedes, conocido como Leo, coordinador y vocero de la Coalición Enriquillo, reiteró que la movilización tenía como objetivo exclusivo defender la vida, los recursos naturales y los derechos de las comunidades.
Mercedes cuestionó la presencia de un amplio contingente de seguridad en los alrededores de la manifestación y consideró que ese tipo de acciones pueden interpretarse como intentos de desalentar la participación ciudadana.
Asimismo, afirmó que la protesta social constituye un derecho democrático y recordó que las luchas comunitarias han sido históricamente un instrumento para impulsar transformaciones y reivindicaciones colectivas en el país.
La marcha de este domingo también representó una nueva demostración de la capacidad organizativa de los movimientos sociales del suroeste, una región que en los últimos años ha protagonizado importantes jornadas de reclamo relacionadas con temas ambientales, acceso a servicios públicos, protección de áreas naturales y demandas de desarrollo económico.
Analistas consultados en diversas ocasiones han señalado que el creciente activismo ciudadano en la región responde a una combinación de factores que incluyen la defensa de recursos estratégicos, el reclamo por una distribución más equitativa de la inversión pública y la preocupación ante proyectos que podrían generar impactos ambientales significativos.
Mientras las consignas resonaban en las calles de Barahona, el mensaje de los manifestantes parecía apuntar más allá de las reivindicaciones inmediatas: exigir que el desarrollo del país no se construya a costa de los recursos naturales ni del bienestar de las comunidades que durante décadas han reclamado mayor atención estatal.
Con la conclusión de la marcha sin incidentes y una amplia participación popular, la Coalición Enriquillo considera que la jornada marca un nuevo capítulo en la lucha por la defensa del Bahoruco Oriental y por las demandas históricas de una región que insiste en ser escuchada.
El desafío ahora pasa a las autoridades nacionales, llamadas a responder a las preocupaciones planteadas por miles de ciudadanos que este domingo convirtieron las calles de Barahona en escenario de una contundente demostración de conciencia ambiental, participación democrática y reclamo de justicia territorial para el suroeste dominicano.
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