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Katerine Arletty
Rubio Matos,
Jueza interina.
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SAN CRISTÓBAL.- La jueza
presidenta de la Corte de Apelación del Departamento judicial de San Cristóbal,
María Garabito Ramírez, envió este martes una carta a Justiniano Montero, director de
Carrera Judicial, en la que acusa a la Procuraduría General de la República de
intentar chantajear a los jueces de esa corte.
Garabito Ramírez
sostiene que “el informe que a su vez me rindiera la Juez Interina del Tribunal
de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial, raíz de una publicación
en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República
exageradamente cruel, dañino, inexacta, mendaz y plagada de malicia. Que más
que una noticia parece un plan para hacer “saltar” a la Juez que se encuentra
ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder
Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la Juez de
Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a
narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”.
La jueza acusó
además al Ministerio Público de no presentar a las audiencias a los presos. “Es
un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al
desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es
peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos
con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al
preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos”, sostiene
Garabito Ramírez.
El documento íntegro
INFORME SOBRE
LOS PERMISOS OTORGADO POR LA JUEZ INTERINA DEL TRIBUNAL DE EJECUCION DE LA PENA
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL:
Buenos días
Magistrado Justiniano, espero que el Dios en el que confiamos le continúe
bendiciendo y proporcionándole la inteligencia la disciplina y dedicación al
trabajo necesarias para continuar ofreciendo sus mejores servicios al Poder
Judicial, como hasta ahora lo ha hecho.
Magistrado, le
escribo en ocasión de remitirle el informe que a su vez me rindiera la Juez
Interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial,
raíz de una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría
General de la República exageradamente cruel, dañino, inexacta, mendaz y
plagada de malicia. Que más que una noticia parece un plan para hacer “saltar”
a la Juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender
desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la
noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició
con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales.
No tengo
conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgados y condenados las
personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero si puedo decirle que no
es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas
personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo
en que debían hacerlo; que la juez duro aproximadamente una semana depurando
con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia
de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a
quienes se les iba a conceder los permisos.
Sin embargo
sorpresivamente sale esta noticia, precisamente un sábado en la noche en que el
pueblo dominicano se encontraba recogido celebrando en paz la llegada del año
nuevo, pero antes ese mismo sábado en la noche encontrándome con mi esposo
interno en la clínica Real de esta ciudad, me llama la Procuradora General ante
esta Corte para dramatizarme sobre lo sucedido, cuando ya sus planes estaban en
marcha.
Hasta el día de
hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su
integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico
ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la
importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y
cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al
descrédito personal e institucional y por el valor moral e institucional que
ello representa.
He observado el
protagonismo con el que el Ministerio Público quiere manejar los Centros
Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los
internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley,
sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es
el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor LUIS LARA, en
fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los
internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la
Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o
justificadas.
Hago de su
conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal
conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al
Ministerio Público y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio,
como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a
sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta,
respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos.
Le solicito una
Inspectoría judicial, para que mis palabras no queden al viento y pueda
comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener
una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar
cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Público para que diga en que
consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido
sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe.
Para su
conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden
administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Público,
el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones
de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el
sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un
monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al
desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es
peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos
con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al
preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.
Anexo el Informe
de fecha 2 de Enero de 2018, suscrito por la Magistrada Katerine Arletty Rubio
Matos.
San Cristóbal,
Rep. Dom., martes dos (02) de enero de 2018.
A sus órdenes
siempre.
María G.
Garabito Ramírez
Jueza Presidente
Cámara Penal de
Corte de Apelación
Departamento
judicial de San Cristóbal
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