Santo Domingo.- ¿Comienzan los ‘muchachos’ a ensayar?... La pregunta es a propósito de que es ‘voz pópuli’ que jóvenes políticos como José Dantés y Juan Ariel Jiménez estarían en la boleta congresual del Partido de la Liberación Dominicana de cara a los comicios del 2024.
“Darían Brillo al Senado de la República o
a la Cámara de Diputados”, dijo alguien desde las graderías al enterarse de
esas posibilidades.
Y precisamente este martes, ambos sorprenden con sendas declaraciones sobre iniciativas legislativas aprobadas “al echarse la paloma”, o sea casi al cierre de la segunda legislatura ordinaria de 2022.
Lo que dijo Juan Ariel Jiménez.- El economista Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) alertó este martes sobre
las intenciones en la Cámara de Diputados de aprobar una ley de Fideicomiso
Público que se convertiría en un “enorme retroceso a la transparencia y la
institucionalidad”.
Jiménez explica en un hilo en su cuenta en
la red social twitter que con el proyecto se relajarían los controles en el
manejo de fondos del Estado, lo que motivado que interrumpiera la tregua
navideña, que tradicionalmente sucede en el debate político al finalizar el
año.
“La propuesta de ley en el artículo 13
exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y
contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso.
Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del TC 0305 de
dic de 2014”, argumenta Juan Ariel Jiménez en su alerta sobre las consecuencias
de aprobar dicho proyecto.
Explica que con esos fideicomisos se podrá
comprar y contratar “como les dé la gana”, sin la debida competencia y
transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos
públicos.
“En el artículo 8 establece que la deuda
contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de
aprobación congresual y registro en Crédito Público. En otras palabras, un
permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar”, apunta.
Juan Ariel Jiménez considera que permitir
un endeudamiento extra presupuestario y extra balance contradice las buenas
prácticas definidas en los manuales de estadísticas fiscales y de deuda del
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OECD, BIS, entre otros organismos
multilaterales.
“En pocas palabras, se busca facilitar el
uso de recursos públicos mediante el no cumplimiento de las leyes y los
controles” presenta el ex Ministro de Economía y Planificación a modo de
conclusión de su voz de alerta ante lo que reiteró es un notorio retroceso a la
transparencia y la institucionalidad.
Tras afirmar que la actual gestión confía
mucho en los fideicomisos, las privatizaciones y las APPs, cita que el año
pasado se transfirieron recursos por más de 15 mil millones de pesos a
fideicomisos, y se tiene fideicomisos para todo: reforma policía, becas, marca
país, exportación tilapias, etc.
“Pero es que la estructura de fideicomisos
no puede sustituir ni suplantar las estructuras de gobierno. Tenemos un
fideicomiso de policías y una Policía Nacional. Un fideicomiso de becas y un
Mescyt. Un fideicomiso Pro-Pedernales y un Ministerio de Turismo” denuncia.
Considera que ese tipo de comportamiento y práctica destruye la institucionalidad y la transparencia: “No podemos tener un gobierno paralelo vía fideicomisos que disponga de fondos públicos por fuera del sistema de administración financiera del Estado y sin los debidos controles definidos por las leyes” advierte.
¿Sancochar Ley del Régimen Electoral?.- José Dantés, miembro del comité político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
dijo, también esta martes, que la Cámara de Diputados tiene la intención de
aprobar la nueva Ley de
Régimen Electoral, “sancochada” en el Senado, desconociendo
meses de trabajo de los sectores participantes en el Diálogo Nacional.
A través de su cuenta de twitter, Dantés
enumeró una serie de lo que a su juicio, son incongruencias en la Ley que
el Senado pasó por alto al momento de aprobar la misma.
De igual manera, indicó que el Senado
excluyó el principio de objetividad establecido en el artículo 211 de la
Constitución. Agregando, entonces, una serie de criterios, muchos de los
cuales pertenecen a la jurisdicción contenciosa electoral, no así a la
administrativa.
Esos criterios funcionales adicionados no
son valóricos o deontológicos y, en consecuencia, no son principios toda vez
que estos deben expresar un valor o núcleo de valores para darle sustancia a
normas e instituciones. No todo puede ser considerado un “principio”, indica el
político en su hilo de tuits.
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