Santo Domingo.- La carta que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha dirigido a sus adjuntos es una inusual llamada de atención: pide respeto a las formas tanto como al fondo tratando de atajar una conducta de sensacionalismo judicial que empezaba a formar parte de los mismos procesos.
Quizá consciente de la importancia de
resguardar la solemnidad del Poder Judicial en todas sus ramas, la doctora Miriam Germán Brito advierte a los
procuradores adjuntos sobre la necesidad de evitar altisonancias, de exacerbar
los personalismos. Solo así, infiere, se consigue el respeto al trabajo
que realizan.
Los casos (muchos, complejos, escandalosos) de corrupción que maneja actualmente el Ministerio Público son espectaculares, en el literal sentido de la palabra. Un espectáculo para el que la sociedad pide butaca de palco para ver mejor: políticos, empresarios, funcionarios, militares de alta graduación, pastores... desfilando ante las cámaras tanto como ante el juez. Todos, es innegable, tenemos nuestros “corruptos preferidos”.
Pero, advierte la Procuradora, el Ministerio Público no
debe actuar “como si tuviese un interés actual y directo en el desenlace del
caso”.
Es una carta sin desperdicio. Con el
tiempo, se leerá en las facultades para explicar a futuros
abogados, jueces y fiscales las complicadas relaciones entre unos y otros; el
obligado respeto a las formas, a la elección del medio y los tiempos para las
críticas y las protestas. Del peligro de contribuir a los juicios paralelos.
En la carta también cabe la autocrítica,
algo raro, exótico, en un cargo de tanta importancia. En realidad, todo el
texto denota el deseo de que el Ministerio Público logre lo que la sociedad
necesita: poner freno a la corrupción, esa que enriquece a unos pocos mientras
empobrece a todos los demás.
La carta de Miriam Germán Brito.- El pasado 21 de diciembre la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le envió una carta a sus adjuntos, donde les invitaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial.
La magistrada les señaló como no conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión integra y sin haberla leída debidamente.
"Los jueces y juezas, como
administradores de justicia, son criticados de otra manera y atendiendo a la
santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público
tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso", les dijo.
La procuradora recomendó a sus adjuntos
que sus respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no
alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre
todo a contribuir con los juicios paralelos.
"Nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales", les comunicó la doctora Miriam Germán Brito a quienes laboran junto a ella en el Ministerio Público.
Aquí reproducimos la carta de Miriam Germán a
Procuradores (as) Adjuntos (as):
21 de diciembre de 2022.
A los (as) Procuradores(as)
Adjuntos (as) de la Procuradora General
Distinguidos(as) Adjuntos(as):
Durante los últimos días, se han
producido una serie de situaciones que coloca a nuestra Procuraduría General de
la República, y a la totalidad del Ministerio Público, en un estado de
vulnerabilidad y, por qué no, con un paño de vergüenza ajena.
Parte de lo que hace la
administración de justicia lo que es, se debe a que los juristas actuando como
abogados, jueces y ministerios públicos deben seguir cada uno su rol. En el
caso del Ministerio Público existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad
para mantener la integridad del sistema de justicia como auxiliares de los
jueces con quienes se comparten.
Aunque el ministerio público es una
parte del proceso, se debe a otras virtudes y compromisos éticos distintos a
los del abogado de la defensa que se debe enteramente a su cliente de
conformidad con el derecho. El Ministerio Público no solo se debe a la
sociedad, incluso se debe al imputado, pero, por igual a mantener la confianza
en el sistema de justicia en su totalidad.
La crítica a los miembros del poder
judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel
de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular.
Por ello la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia
e integridad de la labor judicial.
Pero, la crítica, a veces fuerte, a
las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez
como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente, hay decisiones que deben
ser cuestionadas, no hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de
recursos, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una exposición
clara de los agravios.
Lo anterior, sin embargo, no es
posible con una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la
sentencia o la decisión integra, pero, sin haber sido debidamente leída. Los
jueces y juezas, como administradores de justicia, son criticados de otra
manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como
si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace
del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad,
incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en
beneficio de este.
Incluso como abogadas y abogados,
en nuestra posición como miembros del Ministerio Público, sobre todo aquellos
que llevan casos complejos, es necesario un ejercicio de prudencia y
ponderación. Las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, pero, no
alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre
todo contribuir con los juicios paralelos: nuestro trabajo es en los tribunales
e informar a la opinión pública, pero no, continuar el litigio por los medios,
así como en otras esferas distintas a los tribunales.
A modo de ejemplo, un magistrado
investigado entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las
actuaciones en su contra. En vez de realizar una intervención que afecta la
percepción de las investigaciones y su integridad, hubiese bastado que se le
hiciera notar que la actuación fue iniciativa de la inspectoría del Poder
Judicial que observó tener evidencias sobre posibles conductas dolosas de aquel
magistrado. Bastaba, por igual, indicar que de parte del Ministerio Público
solo se procedió iniciar la investigación pertinente como parte de nuestros
deberes bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras normas aplicables
Al examinar las decisiones y
evaluar los agravios, como Ministerio Público debemos hacerlo con una veta de
autocrítica tendente a confirmar si en alguna medida contribuimos a dar
argumentos a la decisión que cuestionamos. No se pretenda partir del supuesto
que todas las sentencias son conforme al derecho, en particular con el debido
proceso y la tutela judicial efectiva, ajenas a cualquier crítica.
Hay sentencias que pudieran ser
valoradas como no apegadas a derecho, y que no resistirían un examen desde el
punto de vista de la coherencia y la lógica, pero los medios de comunicación no
son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos. No se cuestiona el derecho
de nadie a expresarse sobre distintos temas, en especial en casos de interés
público, pero, no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del
Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso.
Los miembros del Ministerio Público
somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la
confianza en las instituciones y contribuir a su mejora, con independencia que
se discrepa de la decisión.
A pesar de que están en juego
valores que no corresponden a la lógica de la sociedad del espectáculo, hay
otros que trascienden un caso determinado y puedan frustrar el justo deseo de
justicia en la población.
Un amigo que me suele decir
"hoy usted está en modo juez”, todos los oficios marcan y pueden que me
hayan marcado los años de jueza.
No olvido un caso durante dicho
periodo, en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenérsele la
falta; el Procurador de entonces, aparentemente recibió una directriz política
de no recurrir y que, pues, solo se le ocurrió nada más que salir con que
"no recurrir porque los jueces no le merecían confianza". Este no
debe ser el ejemplo de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio
Público, no es la relación que se espera en un Estado social y democrático de
derecho.
Esta agresividad mutua que ahora
existe nos lleva a preguntarnos a quién beneficia, porque el perjudicado es
evidente, al sistema de administración de justicia y sociedad. La población y
la toma de los medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías,
pero, contra los jueces, no son más que municiones para aquellos que no quieren
una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente.
Así las cosas, apelando al deber de
decoro y respeto que todos los miembros del Ministerio Público deben no solo a
todas las partes del proceso y la sociedad, también a los jueces y juezas que
participan en la administración de justicia. Esta es una obligación que viene
de las mejores virtudes de los miembros del Ministerio Público, por igual de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento Disciplinario y de la
Constitución, a propósito del derecho al debido proceso, en su vertiente de la
independencia, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.
Por tales motivos, se insta a los
miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su
compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la
crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura.
Permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no
utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros
reclamos, porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza en
nuestros honorables jueces y juezas, les fallamos a las víctimas, a los
imputados y a la sociedad.
Atentamente,
Miriam Germán Brito
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