Los diputados verán este miércoles
lo aprobado por el Senado, pero el órgano que organiza las elecciones pide a la
Cámara de Diputados modificar texto aprobado por el Senado, debido a que “forja
complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura
un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima
de las propuestas programáticas o ideológicas”. En la foto, el presidente de la
Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares
de ese organismo Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir
Chami Isa, así como las suplentes Lourdes Salazar y Anibelca Rosario.
Santo Domingo.- El Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE) presentó este martes su posición sobre el
proyecto que reforma la Ley Electoral aprobado por el Senado.
A través de un comunicado, la entidad electoral expresa su preocupación por
aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma, y que
ahora será conocido, este miércoles, en la Cámara de Diputados.
Tras dos reuniones durante dos días consecutivos para revisar la pieza aprobada, el Pleno observa que, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente.
Dice que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
Señala que de haberse aprobado lo antes
expuesto, se contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados
en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda; y
facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
De igual manera, el Pleno expresa que no
se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías
y regidurías, “lo que genera consecuencias negativas, tales como: aumentar los
conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas; forja complicaciones en
el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura un sistema político
donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas
programáticas o ideológicas.
Igualmente, el Pleno añade a lo anterior
que se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que
disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales
en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral.
“Además, no se aprueba la propuesta de
paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la
presentación de listas de candidaturas”, expresa el presidente de la Junta
Central Electoral, Román Jáquez.
El presidente de la JCE se pronuncia en
compañía de los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores
Fernández, Samir Chami Isa, así como las suplentes Lourdes Salazar y Anibelca
Rosario.
Asimismo, manifesta que la modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19
(artículo 27 del proyecto de ley) constituye una merma a la autoridad y
autonomía del Pleno de la JCE, toda vez que se le impone el pronunciamiento a
solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas.
“Además de la celebración de audiencias
periódicas, incluso mensuales, durante el año electoral, convirtiendo al órgano
administrativo en uno contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su
naturaleza constitucional de organizar el proceso”, dice Jáquez Liranzo.
Destaca que consideran importante que en
el proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se valore la aprobación del
financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la
JCE, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de
gastos de precampaña.
“La Junta en el marco de la indicada
reforma, ha desempeñado el papel que le corresponde y a la altura de las
actuales circunstancias, razón por la cual aspira a que se concreten todos los
esfuerzos para que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece la Constitución”,
sostiene Jáquez Liranzo.
Valora esfuerzo de los legisladores en la reforma.- El Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer su posición sobre el proyecto que
reforma la Ley Electoral aprobado por el Senado.
A través de un comunicado, la entidad
electoral expresa su preocupación por aspectos medulares del sistema electoral
que no fueron objeto de reforma, y que ahora será conocido en la Cámara de
Diputados.
Tras dos reuniones durante dos días
consecutivos para revisar la pieza aprobada, el Pleno observa que, en lugar de
reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están
instituidos en la ley vigente.
Dice que tampoco se establece la
obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni
sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de
informes.
Señala que de haberse aprobado lo antes
expuesto, se contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados
en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda; y
facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
De igual manera, el Pleno expresa que no
se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías
y regidurías, “lo que genera consecuencias negativas, tales como: aumentar los
conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas; forja complicaciones en
el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura un sistema político
donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas
programáticas o ideológicas.
Igualmente, el Pleno añade a lo anterior
que se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que
disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales
en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral.
“Además, no se aprueba la propuesta de
paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la
presentación de listas de candidaturas”, expresa el presidente de la Junta
Central Electoral, Román Jáquez.
El presidente de la JCE se pronuncia en compañía de los miembros titulares
Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir Chami Isa, así como
las suplentes Lourdes Salazar y Anibelca Rosario.
Asimismo, manifesta que la modificación
del actual artículo 25 de la Ley 15-19 (artículo 27 del proyecto de ley)
constituye una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la JCE, toda vez
que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas
sobre cuestiones que quedan abiertas.
“Además de la celebración de audiencias
periódicas, incluso mensuales, durante el año electoral, convirtiendo al órgano
administrativo en uno contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su
naturaleza constitucional de organizar el proceso”, dice Jáquez Liranzo.
Destaca que consideran importante que en
el proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se valore la aprobación del
financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la
JCE, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de
gastos de precampaña.
“La Junta en el marco de la indicada
reforma, ha desempeñado el papel que le corresponde y a la altura de las
actuales circunstancias, razón por la cual aspira a que se concreten todos los
esfuerzos para que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece la
Constitución”, sostiene Jáquez.
Valora esfuerzo de los legisladores
en la reforma.- La
Junta Central Electoral valora el esfuerzo y el compromiso que en torno a la
indicada reforma que han mostrado los legisladores de las distintas fuerzas
políticas representadas en el Congreso Nacional.
También de los miembros de la Comisión Especial del Senado que llevaron a cabo
los trabajos para la indicada reforma, presidida por el senador Ricardo de los
Santos Polanco.
El Pleno de la JCE destaca que, en el proyecto, que ha sido objeto de
aprobación por el Senado de la República, fue acogida una importante cantidad
de aspectos, dentro de los cuales se encuentran la inclusión de un catálogo de
principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a una
administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento
y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral.
“Fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al régimen de plazos, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales”, señala Jáquez Liranzo.
Además, valora que fueran acogidas las sugerencias que hizo la JCE en torno a
la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas.
Texto íntegro del Pleno de la Junta
Central Electoral
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institución
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, creada y organizada por
la Constitución de la República Dominicana, tiene a bien comunicar a la opinión
pública lo siguiente:
En ejercicio de la facultad de iniciativa
de ley que le otorga el artículo 96 de la Constitución de la República, este
órgano depositó formalmente en el mes de abril de 2022 las iniciativas de ley
para la modificación, actualización y fortalecimiento de las leyes No. 15-19,
Orgánica de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, las cuales cursan ante las cámaras legislativas del Congreso
Nacional. En ese orden, actualmente la modificación a la Ley No. 15-19,
Orgánica de Regimen Electoral, ha sido objeto de aprobación por el Senado de la
República, y se encuentra pendiente de conocimiento y decisión por parte de la
Cámara de Diputados, para, posteriormente, agotar los demás trámites
constitucionales previstos para la formación de las leyes.
La Junta Central Electoral valora el
esfuerzo y el compromiso que en torno a la indicada reforma han mostrado los
legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso
Nacional, especialmente los miembros de la Comisión Especial del Senado que
llevó a cabo los trabajos para la indicada reforma, presidida por el honorable
senador Ricardo de los Santos Polanco.
En el proyecto que ha sido objeto de
aprobación por el Senado de la República fue acogida una importante cantidad de
aspectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: i) inclusión de un
catálogo de principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a
una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado
entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo
electoral; ii) fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al
régimen de plazos legales, que incluye la regulación de la campaña electoral,
lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales; iii) el Senado
acogió la propuesta de reforma al régimen sancionatorio, en la cual se hizo una
reclasificación de las penas, según el nivel de gravedad; iv) se incluyeron
nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen
contra la integridad de las elecciones; v) se acogió la propuesta sobre el rol
del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales; vi)
fueron acogidas las sugerencias que hizo este órgano en torno a la
actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas, tanto por
el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral.
Este órgano, respetando el principio de
separación de poderes, tiene a bien expresar preocupación por aspectos
medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma. Ello, en
tanto: i) en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron
igual a como están instituidos en la Ley vigente; ii) tampoco se establece la
obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones
a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes,
lo que de haberse aprobado contribuiría con: (a) disminuir la incidencia de los
intereses privados en la representación popular; (b) crear condiciones de
equidad en la contienda; y (c) facilitar la fiscalización de los recursos
utilizados en campaña.
De igual manera, (iv) no se acoge la
propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y
regidurías, lo que genera consecuencias negativas, tales como: (a) aumentar los
conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas; (b) forja
complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, (c)
configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos
por encima de las propuestas programáticas o ideológicas. Igualmente: (v) se
elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que disminuye
sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras
de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral; además, (vi) no
se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad
vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas.
La modificación del actual artículo 25 de
la Ley 15-19 (artículo 27 del Proyecto de Ley) constituye una merma a la
autoridad y autonomía del Pleno de la JCE, toda vez que se le impone el
pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones
que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso
mensuales durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un
órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza
constitucional de organizar el proceso. Igualmente, dejaría a Direcciones
fundamentales como Elecciones, Informática y el Voto Dominicano en el Exterior
bajo las directrices y conducción discrecional de las organizaciones políticas,
socavando la autonomía constitucional de la JCE, razón por la cual este Pleno
tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos
aspectos de la reforma, reiterando su política de apertura hacia las
organizaciones partidarias, tal y como lo han demostrado los hechos en estos 2
años de gestión.
Por último, consideramos importante que en
el proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, se valore la aprobación del
financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la
JCE, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de
gastos de precampaña.
La Junta Central Electoral, en el marco de
la indicada reforma, ha desempeñado el papel que le corresponde y a la altura
de las actuales circunstancias, razón por la cual aspira a que se concreten todos
los esfuerzos para que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece
la Constitución de la República y como lo demanda la sociedad dominicana.
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