Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes, 25 de marzo de 2025, una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales y que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.
La orden afirma que Estados Unidos ha
fallado "en hacer cumplir protecciones electorales básicas y
necesarias" y llama a los estados a trabajar con agencias federales para
compartir listas de votantes y combatir delitos electorales.
En tal sentido, el presidente Donald
Trump amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios
electorales no cumplan.
¿Impugnarán
esta propuesta de Donald Trump?.- La medida propuesta por el presidente
Donald Trump, que probablemente enfrentará impugnaciones de organizaciones de
derechos electorales, es congruente con la larga historia del actual mandatario
norteamericano de criticar los procesos electorales.
A menudo afirma que las elecciones están
siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha
librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las
elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden y lo atribuyó falsamente a un
fraude generalizado.
Donald Trump se ha centrado
particularmente en la votación por correo, argumentando, sin evidencia alguna,
que no es segura e invita al fraude, incluso cuando ha cambiado su posición sobre
el tema dada la popularidad del voto por correo entre los votantes, incluidos
los republicanos. Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se
procesa judicialmente.
El requisito de prueba documental de
ciudadanía de la orden señala que el presidente no está esperando a que los
republicanos del Congreso aprueben su tan anticipada Ley de Protección de la
Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que ha buscado hacer lo
mismo.
La
defensa republicana.- Los republicanos han defendido esa medida señalando
que es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones. El
voto por parte no ciudadanos ya es ilegal y puede resultar en cargos por
delitos graves y la deportación.
Los grupos que defienden los derechos de
voto han expresado su preocupación de que el requisito podría despojar de su
derecho a votar a algunas personas. Se estima que el 9% de los ciudadanos
estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no cuentan con
una prueba de ciudadanía disponible, según un informe de 2023 del Brennan
Center for Justice y otros grupos.
También hay preocupaciones de que las
mujeres casadas que han cambiado sus apellidos tendrán problemas al intentar
registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera.
Tales inconvenientes ocurrieron en
recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley
estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
La orden también estipula que los votos
deben ser “emitidos y recibidos” antes del día de las elecciones y establece
que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal.
Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo
recibidas después del día de las elecciones siempre que estén selladas con un
matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de
Legislaturas Estatales.
La orden ejecutiva de Trump
probablemente enfrentará impugnaciones, dado que la Constitución otorga la
autoridad sobre las elecciones a los estados. Si bien el Congreso tiene el
poder de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de
Derechos de Voto—, la Constitución deja claro que los estados tienen la
autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de las
elecciones.
Gobierno
federal como arma.- La
secretaria de gobierno demócrata de Colorado, Jena Griswold, señaló que la
orden era “ilegal” y una utilización del gobierno federal como arma, y dijo que
el presidente Donald Trump está “tratando de dificultar que los votantes se defiendan
en las urnas”.
“El Poder Ejecutivo tiene cierta
autoridad sobre las elecciones”, comentó Justin Levitt, experto en derecho
constitucional y exasesor principal de políticas de la Casa Blanca durante el
gobierno del expresidente Joe Biden.
Este experto manifestó que algunas
agencias federales brindan apoyo electoral, incluida la Comisión de Asistencia
Electoral, que distribuye fondos federales a los estados y dirige un programa
de certificación voluntaria para sistemas de votación. La Agencia de
Ciberseguridad e Infraestructura ayuda a los funcionarios electorales a
proteger sus sistemas.
El expresidente Biden emitió una orden
ejecutiva en 2021 en la que instruyó a las agencias federales a tomar medidas
para aumentar el registro de votantes, lo que generó quejas por parte de los
republicanos debido a que lo consideraron una intromisión federal. Desde
entonces, Trump ha revocado esa orden.
Varios legisladores republicanos y
funcionarios electorales celebraron la medida de Trump, incluido Brad
Raffensperger, el secretario de gobierno de Georgia. El sistema de conteo de
votos basado en códigos de barras del estado no cumple con los estándares que
Trump exigió en la orden y necesitaría cambiar para no poner en peligro la
financiación federal de la entidad.
“Gracias, presidente Trump, por esta
orden ejecutiva que asegura que sólo los ciudadanos estadounidenses decidan las
elecciones estadounidenses”, dijo Raffensperger. “Este es un gran primer paso
para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”.
El representante Bryan Steil de
Wisconsin, presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que
supervisa las elecciones, señaló que la orden es una “acción bienvenida para
asegurar nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera”.
Trump hizo referencia al fraude
electoral al firmar la orden el martes, diciendo: “Esto le pondrá fin, con
suerte”.
Tal cual se tratara de una grave
amenaza, el presidente Donald Trump sentenció que se tomarían más acciones
electorales en las próximas semanas.
Fuentes: Agencias
internacionales de prensa y archivos periodísticos.
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