Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber firmado una proclamación que invoca una ley de hace dos siglos para deportar a presuntos pandilleros venezolanos enviados a prisión en El Salvador.
La aclaración sobre su papel en la
operación se produce pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien
suspendió la expulsión de migrantes ordenada por la administración Trump,
calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como
"increíblemente problemáticas".
El fin de semana, Trump invocó esa
inusual ley para deportar a 238 hombres que, según su administración,
pertenecían a la pandilla venezolana Tren de Aragua y enviarlos a una prisión
de máxima seguridad en El Salvador.
Para entonces, la secretaria de prensa
de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que Trump "firmó
una Proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros" y que el
documento aparecía en el Registro Federal con la firma del presidente.
Sin embargo, Trump insinuó el viernes
que su secretario de Estado fue quien tuvo más que ver con el asunto: "No
sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron",
dijo el mandatario a los periodistas.
"Marco Rubio ha hecho un gran
trabajo y los quería afuera, y nosotros lo apoyamos", destacó Donald Trump.
Trump arremetió esta semana contra el
juez Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del
presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
El decreto que aplica la inusual ley
estaba fechado el 14 de marzo y fue divulgado al día siguiente por la Casa
Blanca, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas
presentadas como presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización presuntamente
criminal declarada "terrorista" por Washington.
El juez preguntó en una audiencia el recién
pasado viernes por qué se firmó el decreto el viernes y se apresuraron a llenar
aviones con migrantes.
"Me parece que la única razón por
la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del
país antes de que se presenten demandas legales", le dijo Boasberg al
abogado del gobierno, Drew Ensign.
"¿Qué pasa con quienes no son
miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos? ¿Cómo pueden impugnar su
expulsión?", enfatizó el magistrado, quien suspendió las expulsiones bajo
esta ley hasta fin de mes.
Lee Gelernt, abogado de la influyente
organización de derechos civiles ACLU, insistió en la necesidad de "poder
impugnar" su pertenencia a la pandilla.
"Las repercusiones políticas son
increíblemente problemáticas y preocupantes", añadió el juez, e insistió
en que se hizo "un uso extensivo y sin precedentes" de la ley.
Hasta ahora solo se invocó en el contexto
de un conflicto militar, es decir "cuando era indiscutible que existía una
declaración de guerra y quién era el enemigo", afirmó.
Pero Trump había reafirmado el viernes
que esta declaración le da el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar
por los juzgados.
"Es
lo que dice la ley".- "Eso es lo que dice la ley y lo que este país
necesita", sostuvo el presidente republicano en respuesta a la pregunta de
un periodista en el despacho oval.
"Me dijeron que pasaron por un
riguroso proceso de investigación, que también continuará en El Salvador",
contestó cuando le preguntaron si es seguro que las más de 200 personas
deportadas y encarceladas en una prisión de alta seguridad salvadoreña son
"criminales".
"Eran un grupo malo (...) y estaban
con muchos otros que eran absolutamente asesinos, homicidas y personas con los
peores antecedentes penales", agregó Trump.
Esta semana la Casa Blanca acusó al
"régimen hostil" del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a
Estados Unidos al Tren de Aragua y el Departamento de Estado afirmó que este
grupo "está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha
infiltrado" el gobierno del líder chavista.
Pero un informe del 26 de febrero de
agencias de inteligencia de Estados Unidos lo matiza, según el New York Times,
que cita a funcionarios que pidieron mantener el anonimato. Concluye que la
banda no está controlada por el gobierno venezolano.
El Departamento de Justicia respondió
anunciando la apertura de una "investigación criminal sobre la filtración
selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de
inteligencia sobre el Tren de Aragua".
En un comunicado deploró "los
intentos con motivaciones políticas del gobierno en la sombra de socavar la
agenda del presidente Trump filtrando información falsa".
La aplicación de la ley de 1798
"está basada en hechos, derecho y sentido común, lo cual demostraremos en
los tribunales antes de expulsar de este país a los terroristas del Tren de
Aragua", asegura el departamento.
Fuentes:
Agencias internacionales de prensa y archivos periodísticos.
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