
Por Edwin De LaCruz
Santo
Domingo.- La
cesantía laboral ha sido siempre un pilar esencial para la protección de los
trabajadores en momentos de despido, permitiéndoles enfrentar la incertidumbre
económica que trae la pérdida de empleo.
Este derecho no solo resguarda la estabilidad económica del trabajador, sino que también le ayuda a cumplir con sus responsabilidades familiares y gastos fijos. Por esta razón, su eliminación o sustitución afectaría gravemente a las familias trabajadoras, incrementando la desigualdad y la precariedad.
Recientemente, el Defensor del Pueblo,
Pablo Ulloa, propuso la creación de un Fondo General de Auxilio de Cesantía,
financiado con los recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección
de Riesgos Laborales (Idoppril), como sustituto de este beneficio.
Aunque a primera vista suena como una
solución viable, en realidad pone en peligro un derecho fundamental de los
trabajadores. Este fondo, que no garantizaría una compensación similar a la
cesantía, diluiría temporalmente los problemas estructurales de las empresas
sin abordar la verdadera inseguridad laboral que afecta a los empleados.
Las declaraciones de Ulloa parecen
contradecir su rol de defensor de los derechos de la población, favoreciendo a
las empresas, especialmente a las pymes, al ofrecerles liquidez, pero dejando
de lado la protección efectiva de los trabajadores.
La propuesta de un fondo administrado
por desde el Idoppril no solo genera incertidumbre, sino que también pone en
riesgo las condiciones de los empleados, quienes verían sus garantías laborales
reducidas.
El Defensor del Pueblo debería centrarse
en asegurar que los trabajadores mantengan sus derechos intactos, ya que la
cesantía laboral no es un lujo, sino una necesidad en una economía globalizada.
En lugar de sustituirla por soluciones temporales
como el fondo propuesto, es necesario fortalecer las políticas de protección
social, asegurando que las empresas cumplan con sus responsabilidades sin
recortar derechos esenciales.
En resumen, la cesantía laboral es un
derecho irrenunciable que no puede ser negociado ni reemplazado por un fondo
que no ofrezca las mismas garantías.
Las declaraciones de Pablo Ulloa
muestran una desconexión con las realidades de los trabajadores, al sugerir que
un fondo insuficiente puede resolver la incertidumbre laboral. La seguridad
laboral debe ser una prioridad, y la defensa de los derechos laborales es
esencial para construir un futuro más justo y estable para todos.

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