Santo Domingo.- En el año 2024, los juzgados de Instrucción de la República Dominicana recibieron 158 acusaciones relacionadas con violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, según datos del Poder Judicial obtenidos a través de Libre Acceso a la Información.
Sin embargo, de todas estas denuncias,
solo ocho casos llegaron a la primera instancia, lo que evidencia dificultades en el proceso judicial contra
este delito.
Las cifras revelan que Dajabón es la provincia con mayor
cantidad de denuncias (51 casos), seguida por Monte Cristi (16),
Valverde (12) y Santiago (11).
Otras provincias como San Cristóbal,
Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Constanza, El Seibo e Independencia reportaron
muy pocas denuncias.
Por otro lado, provincias como La Romana,
Peravia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, María Trinidad
Sánchez y Pedernales registraron entre una y cuatro querellas.
Mientras que Santiago Rodríguez,
Samaná y Azua tuvieron entre seis y nueve denuncias.
Pocos
casos llegan a juicio.- Como
se explicó, a pesar de la cantidad de denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia.
De ellos, dos corresponden a Santiago Rodríguez y
dos al Distrito Nacional.
Las demás acusaciones avanzadas en el
proceso pertenecen a La Altagracia, Montecristi, San Pedro de Macorís y Santiago, con un solo caso en
cada una.
Deportación
y reincidencia.- El exdirector general de Migración,
José Ricardo Taveras, aseguró que todos los haitianos en
condición irregular que son deportados, retornan debido a la falta de una
política coordina de los poderes del Estado.
Para Taveras,
las estructuras que contribuyen a la inmigración haitiana ilegal, son
dominicanas con la cooperación de los haitianos, "eso lo comprobé mil veces".
"Sin los militares de las
fronteras, eso no es posible hacerlo, pero las estructuras no
son necesariamente compuestas por militares, hay civiles",
puntualizó.
Medidas del Gobierno.
Reforma
a Ley de Migración.-
El Poder Ejecutivo depositó el lunes, 7 de abril de 2025, a través del
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un proyecto para
robustecer, ampliar y hacer más eficaz la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata
de Personas.
La propuesta consiste en modificar
los artículos 2, 5, 6 y 7 de la normativa.
Con el mencionado proyecto, se
busca endurecer la pena con hasta 40 años de prisión.
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