Santo Domingo.- El autodenominado “detective, comunicador e investigador” Ángel Martínez ha ofrecido disculpas públicas a la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros Decamps Germán. Decamps se había querellado en su contra ante la Fiscalía del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria.
Martínez, un “influencer” radicado
en Miami, sobre quien pesan varias querellas por difamación, estafa
y extorsión, reconoció a través de un video que circula en redes que se
equivocó y fue injusto con ella.
El comunicador, a quien un tribunal le
impidió salir del país a raíz de una demanda interpuesta en su contra por el
diputado Sergio Moya (Gory), elogió a Milagros Decamps,
describiéndola como una joven brillante, con gran formación y un futuro
prometedor.
Detalles
de la querella.- La querella,
con constitución en actor civil por parte de Milagros Decamps Germán, también
incluye a otras cinco personas acusadas de difamarla e injuriarla. Esta acción
legal forma parte de un conjunto de medidas iniciadas el 24 de enero de 2025.
La querella, que menciona a Franchesca
Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko
Schwerer, fue interpuesta por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana Decamps
Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.
La demanda alega la presunta violación
de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley
53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Se solicita una
indemnización de RD$10,000,000.00, la cual sería destinada a la protección y
conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La acusación se fundamenta en
una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente
en YouTube y las cuentas verificadas de los querellados. Según la
querella, en estas plataformas "se propaga la falsa alegación de que la
señora Decamps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el Presidente de
la República, Luis Abinader".
Los abogados de Decamps Germán señalan
que "la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes
manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante
describe como una campaña de difamación sistemática y viral". Estiman que
el contenido alcanzó a más de 400,000 personas en menos de diez días,
"provocando un daño severo e irreparable a la honra, dignidad y
reputación de la exfuncionaria".
Los representantes legales argumentan
que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad
de expresión, ya que constituyen "imputaciones falsas, ultrajantes y
desproporcionadas".
Afirman que "este caso representa
un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresión, donde el
pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y
el descrédito".
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