Ministerio Público detalla que más de 40 mujeres extranjeras eran explotadas sexualmente bajo amenazas; los agentes alertaban a la red sobre operativos. En la foto, algunos de los acusados.
Santo Domingo Este.– Una red de explotación sexual que operaba en varios sectores del municipio Santo Domingo Este recibía supuesta protección de miembros de la Policía Nacional, a cambio de sobornos semanales que eran descontados directamente a las víctimas, de nacionalidad colombiana, según el Ministerio Público.
La acusación presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de SDE detalla que las jóvenes eran retenidas contra su voluntad y obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas. A cambio de pagos semanales que iban desde los RD$1,000 hasta los RD$10,000 por mujer, agentes policiales ofrecían protección a los imputados y los alertaban en caso de sospechas de operativos por parte de otras autoridades.
En el expediente se solicita declarar el caso como complejo por su naturaleza de criminalidad organizada. Aunque no se identifican aún a los policías implicados, el Ministerio Público aseguró que continúa profundizando en las investigaciones.
Más de 40 extranjeras rescatadas.- Las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales publicados en portales de internet, mientras permanecían retenidas en varios puntos del municipio, incluyendo residencias ubicadas en la calle Costa Rica del sector Alma Rosa, en la Respaldo 25 del ensanche Ozama, en el Residencial Hanna y en la calle Puerto Rico No. 99.
Además, todos los jueves eran trasladadas a la discoteca Lekker, en la calle Gilberto Montás de San Cristóbal, donde eran ofrecidas a posibles clientes.
El documento fiscal también indica que varias víctimas presentan lesiones físicas y que muchas de ellas fueron atraídas a través de redes sociales, engañadas con falsas promesas laborales y presionadas por situaciones familiares delicadas en su país.
Les retenían pasaportes y las endeudaban.- La red, presuntamente liderada por dominicanos y colombianos, les retenía los pasaportes a las víctimas y las forzaba a pagar supuestas deudas de entre 3,000 y 4,000 dólares. Si no cumplían, eran amenazadas con represalias contra sus familiares en Colombia.
Ocho personas enfrentan medida de coerción.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra ocho imputados: los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), su hijo Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo).
También se acusa a las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana/Naye/Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada para este viernes 27 de junio a las 2:00 p. m.
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