La reciente decisión del Ministro de Trabajo Eddy Olivares, de reactivar con firmeza las inspecciones laborales en todo el país, sin excepciones ni contemplaciones, debe ser vista no solo como una medida de supervisión administrativa, sino como un acto de justicia postergada. Por años, esta obligación legal —consagrada en la Constitución, el Código de Trabajo y los acuerdos internacionales— fue dejada de lado, permitiendo que muchos empresarios, amparados en la impunidad y el descuido institucional, violaran derechos laborales esenciales.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la violación de la ley, sino la frecuencia y la normalización del abuso. Empresas que se enriquecen a costa del trabajo de personas que apenas sobreviven con salarios por debajo del mínimo legal, sin seguro médico, sin cotización para pensiones y sin las mínimas condiciones de seguridad. Trabajadores invisibles para el sistema, muchos de los cuales se ven obligados a aceptar estas condiciones inhumanas porque tienen hambre, porque no tienen opción.
Durante años, la falta de supervisión efectiva convirtió al Estado en cómplice por omisión. Inspecciones anunciadas, estructuras debilitadas, y una ausencia de voluntad política permitieron que la legalidad laboral se volviera una ficción. Por eso, la decisión del ministro Eddy Olivares de relanzar esta política con rigor y sin excepciones debe ser respaldada por la sociedad civil, por los medios de comunicación y, sobre todo, por los propios trabajadores.
Este no es un ataque a los empresarios, es una corrección histórica. Si una empresa necesita violar derechos para ser rentable, entonces su modelo de negocio está basado en la explotación. La formalización no puede ser un privilegio ni una opción, es una obligación. Es inaceptable que en pleno siglo XXI aún existan trabajadores que no figuran en ninguna planilla, que no tienen acceso al sistema de seguridad social ni a una pensión digna al final de sus vidas laborales.
Los sectores que hoy se sienten atacados deben comprender que el Estado no está para acomodarse a intereses económicos, sino para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y si los empresarios chinos, dominicanos o de cualquier nacionalidad consideran desproporcionadas estas inspecciones, lo que deben hacer es cumplir la ley, no pedir indulgencia.
Tampoco se puede ignorar que detrás de muchas de estas violaciones hay una cadena de complicidades: desde instituciones estatales que han hecho la vista gorda, hasta gestores laborales corruptos que falsifican planillas o asesoran cómo evadir controles. Por tanto, esta ofensiva inspectiva solo será efectiva si se acompaña de una limpieza interna y una inversión seria en el fortalecimiento del sistema de inspección.
El anuncio del ministro, junto con la presentación pública de actas de apercibimiento y fotografías, tiene un valor simbólico y práctico: marca un cambio de tono, una política de transparencia y, sobre todo, un mensaje claro: los derechos laborales no son negociables.
Esto no es populismo, es legalidad. No es persecución, es restitución de derechos. Y si de verdad queremos un país más justo, competitivo y moderno, no podemos seguir permitiendo que quienes producen riqueza lo hagan pisoteando la dignidad de quienes la generan con su sudor.
La justicia laboral ha tardado demasiado. Ahora, lo que corresponde es que no vuelva a dormirse.
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