Informe resalta estabilidad económica y política, aunque persisten trabas que afectan la inversión extranjera y la institucionalidad
Estados Unidos destacó los avances económicos y políticos de República Dominicana. Sin embargo, advirtió sobre problemas estructurales que frenan la inversión extranjera directa y el desarrollo institucional.
El documento Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana señala que el país sigue siendo uno de los principales destinos de inversión en el Caribe. Aun así, la corrupción, la burocracia y la falta de reformas clave limitan su potencial.
Según el informe, la administración del presidente Luis Abinader ha fortalecido la independencia del Ministerio Público y nombrado funcionarios con preparación técnica. Además, se promulgó la ley de decomiso civil de bienes como parte de los esfuerzos anticorrupción.
No obstante, el texto advierte que no se han priorizado reformas estratégicas, especialmente en el sector eléctrico. También subraya que la informalidad laboral afecta a más del 55 % de la población económicamente activa.
Entre los principales obstáculos a la inversión se citan retrasos en pagos estatales, trámites aduaneros poco estandarizados y debilidades en las leyes sobre propiedad y tenencia de tierras. Estas limitaciones reducen la seguridad jurídica para empresas e inversionistas.
El informe resalta que las licitaciones públicas suelen favorecer a compañías vinculadas políticamente. Irregularidades similares se registran en gestiones municipales, donde se otorgan permisos y trámites con criterios discrecionales. Además, la falta de códigos de ética internos en muchas empresas privadas debilita la lucha contra el soborno.
A pesar de estas preocupaciones, República Dominicana ha mejorado su posición en el Índice de Percepción de Corrupción, avanzando del lugar 137 en 2020 al 104 en 2024. La actual administración ha procesado a exfuncionarios y aliados políticos, fortaleciendo la rendición de cuentas.
Organizaciones de la sociedad civil como FINJUS, Participación Ciudadana y ADOCCO continúan vigilando la transparencia en la gestión pública y empresarial, con incidencia en debates sobre reformas institucionales.
En materia de seguridad, el documento señala que los homicidios y robos se han reducido, aunque el robo a mano armada sigue siendo un problema que preocupa a ciudadanos e inversionistas.
Respecto a la migración haitiana, el informe advierte que sectores como la agricultura y la construcción dependen de trabajadores indocumentados. Los controles fronterizos, sin embargo, han ocasionado detenciones de personas identificadas erróneamente como migrantes ilegales.
Sobre las políticas de inversión, se resalta que República Dominicana no exige localización forzada de datos ni impone requisitos diferenciados entre inversionistas locales y extranjeros. La Ley 172-13 protege datos personales, aunque la supervisión se limita principalmente a bancos y entidades financieras.
El informe concluye que el país mantiene estabilidad económica y política, pero la corrupción, la burocracia y la falta de reformas estructurales continúan afectando la confianza empresarial y el clima de inversión.
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