Desde datos filtrados en Salud Pública hasta contratos millonarios en Senasa, múltiples casos han expuesto fragilidad institucional y limitado impacto de la justicia.
Santo Domingo.- La gestión del presidente Luis Abinader ha estado acompañada de un discurso de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, durante su administración se han destapado al menos nueve escándalos de corrupción y mala administración pública que, en algunos casos, concluyeron en destituciones y arrestos, mientras otros quedaron en el olvido, sin consecuencias legales visibles.
Uno de los primeros episodios fue el robo de los datos personales de los ciudadanos vacunados contra la Covid-19, un hecho que nunca tuvo sanciones penales. A esto se sumó la venta de nombramientos en Salud Pública, que provocó la destitución de funcionarios, así como la escasez de medicamentos en Promese/CAL, que evidenció fallas graves en la gestión de insumos.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) protagonizó también varios escándalos por irregularidades en licitaciones para la compra de alimentos escolares, mientras que el programa Paso Rápido, de los peajes electrónicos, acumuló denuncias de fraude y fallos en su sistema de cobro.
En el Ministerio de Agricultura, varios empleados fueron señalados por manejar fondos de manera irregular y, al mismo tiempo, figurar como beneficiarios de millonarios créditos agropecuarios. A estas denuncias se sumaron cuestionamientos contra el entonces ministro de Educación, Roberto Fulcar, por la compra de libros digitales que nunca se ejecutó con transparencia.
Santiago Hazim, exdirector de Senasa.
El caso Senasa
El episodio más reciente involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), bajo la gestión de Santiago Hazim. El Gobierno entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos de contratos millonarios irregulares y la existencia de un “call center paralelo” que beneficiaba a empleados. Investigaciones periodísticas señalan que el Estado pagó más de 65 millones de pesos mensuales por servicios que no se ofrecieron, además de un contrato con la empresa Farmacard S.R.L. declarado nulo por la Dirección General de Contrataciones Públicas por violar la Ley 340-06.
Hugo Beras y su caso
En agosto de 2024, un apagón de semáforos en la capital reveló otro esquema de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Su exdirector, Hugo Beras, fue arrestado y acusado de adjudicar contratos fraudulentos a empresas sin capacidad técnica, lo que destapó el caso “Camaleón”. Aunque el proceso judicial continúa, las informaciones sobre su avance han sido escasas.
Gloria Reyes
Otras instituciones bajo la lupa
La Dirección General de Pasaportes enfrentó múltiples crisis administrativas, que derivaron en la destitución de dos directores por largas filas, retrasos en citas y falta de sellos.
El programa Supérate, bajo la dirección de Gloria Reyes, sufrió el robo de más de 100 millones de pesos a través de clonaciones de tarjetas sociales y, posteriormente, el cuestionado Bono Navideño de 2024, donde aparecieron como beneficiarios políticos y figuras públicas.
La Lotería Nacional fue escenario de un fraude en 2021, cuyo sorteo manipulado llevó a prisión a diez personas, incluyendo a su administrador, aunque este último fue descargado por falta de pruebas.
El Ministerio de la Juventud también fue sacudido por denuncias contra Luz del Alba Jiménez, quien intentó favorecer empresas en licitaciones por tres millones de pesos. Tras su destitución, fue designada vicecónsul en Barcelona, aunque la presión social forzó su cancelación.
En el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero fue destituido luego de revelarse un contrato irregular con la empresa internacional Mia Cargo. Mientras tanto, la periodista Alicia Ortega destapó irregularidades en el programa Pinta tu Barrio en Navidad, de Propeep, que comprometieron al entonces director Neney Cabrera.
Néstor Cruz Pichardo, Digna Reynoso de Pachecho y Lorenzo David Ramírez Uribe
.Peña Guaba y los fondos para artistas
En plena pandemia, en 2020, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony Peña) destinó cerca de 100 millones de pesos a artistas mediante el Gabinete de Política Social. La contratación careció de transparencia y motivó recomendaciones de sanciones administrativas, aunque nunca se aplicaron.
Balance de una gestión marcada por denuncias
Aunque algunos funcionarios enfrentaron la justicia o fueron destituidos, la mayoría de los casos reflejan falta de sanciones contundentes y una justicia que avanza con lentitud. La acumulación de escándalos de corrupción y mala administración cuestiona el alcance del compromiso gubernamental con la transparencia, y deja abierta la interrogante de cuánto se podrá avanzar en la lucha contra la impunidad en lo que resta del mandato.







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