Exigen al Ministerio Público investigar corrupción de Odebrecht en Punta Catalina

Organizaciones reclaman acción penal inmediata tras auditorías que revelan millonarias sobrevaluaciones en la termoeléctrica, cuyas instalaciones se observan en la foto.

Por Vianelo Perdomo

Santo Domingo, D.N., miércoles 3 de septiembre de 2025.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) emplazaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, a iniciar sin demora una investigación penal sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el Consorcio Odebrecht y sus socios en la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

El llamado surge tras la divulgación de los resultados de la auditoría financiera realizada por la Cámara de Cuentas, que reveló que la obra tuvo un costo total de RD$148 mil millones, con una sobrevaluación estimada en 442 millones de dólares.

Las organizaciones demandaron además que se publiquen íntegramente los informes de dos auditorías: la practicada por la Cámara de Cuentas y la auditoría financiera forense contratada por el Ministerio de Energía y Minas, cuyos resultados fueron presentados en 2024 por el entonces ministro Antonio Almonte. Este último informe estimó la sobrevaluación en más de mil millones de dólares, lo que genera una diferencia de más de 600 millones de dólares entre ambas evaluaciones.

“Es imprescindible que la ciudadanía pueda comparar ambas auditorías y conocer la verdad sobre estas cifras. La transparencia debe imponerse en un caso de tanta relevancia para el país”, señalaron las entidades.

Enrique de León al participar en Noticias SIN.

Incumplimientos y deudas pendientes

Las organizaciones recordaron que Odebrecht incumplió el acuerdo de lenidad firmado en 2017 con el Ministerio Público, al suspender el pago de la indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano. Hasta la fecha, la empresa solo ha abonado 60 millones, quedando pendientes 124 millones de dólares. Dicho acuerdo establece que, en caso de incumplimiento, la Procuraduría puede proceder judicialmente contra la compañía como si nunca hubiera existido tal pacto.

Asimismo, denunciaron que ni el Ministerio Público ni la justicia han asumido hasta ahora la magnitud del fraude, pese a que la sociedad civil ha manifestado reiteradamente en las calles su rechazo a la corrupción en torno a la central eléctrica. En enero pasado, el CNLCC y el INSAPROMA llevaron el caso incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia en Washington.

Alcance de la investigación solicitada

Las organizaciones sostuvieron que el proceso judicial debe extenderse a todas las empresas integrantes del consorcio constructor: Odebrecht, Tecnimont y Grupo Estrella. También a los funcionarios o particulares que recibieron sobornos, y a la actual administración de la planta, a la que acusan de ocultar fallas estructurales y financiar reparaciones con recursos del Estado, en lugar de ejecutar la garantía de 100 millones de dólares que Odebrecht debía responder.

Finalmente, expresaron su confianza en que la procuradora Yeni Berenice Reynoso cumpla el compromiso asumido en agosto de 2024, cuando prometió impulsar la persecución penal contra Odebrecht por las irregularidades en Punta Catalina.