Querellantes retiran acusaciones contra Lockward, Guerrero y Castillo en caso de supuesta corrupción

Familias y fundaciones desisten de procesos al considerar que no hubo desfalco ni ilícitos contra el Estado. En la foto, el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos con retiros de acusaciones.

Santo Domingo.– Varios querellantes en el proceso judicial por presunta corrupción administrativa conocido retiraron sus acusaciones contra el abogado Ángel Lockward y los exministros Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

Los desistimientos fueron presentados por Pablo Castillo, en representación de la familia Mota; los abogados José Montero y Marcos Nova, por la familia Ozuna; y José E. Cuevas, representante de la familia Reyes. Todos argumentaron que los imputados no incurrieron en ilícitos ni en desfalco al Estado.

Los abogados Nova y Cuevas retiraron sus acciones contra Lockward, alegando que era inocente de los cargos formulados por el Ministerio Público. En la misma línea, Montero y Castillo desistieron contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Asimismo, la Fundación Alfredo Nobel anunció su salida del proceso al entender que no había méritos para sostener las acusaciones.

El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también fue favorecido con el retiro de querellas, incluyendo la de Braulio Castillo y la de la Fundación Alfredo Nobel.

Durante la audiencia preliminar celebrada en el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, la doctora Fabiola Villavizar presentó una nueva querella contra Lockward. El abogado respondió que se utilizó un poder con firmas falsas de personas fallecidas y de un notario suspendido, lo que invalidaba los documentos.

Lockward recordó que alegatos similares ya habían sido rechazados en 2013 por el Tribunal de Tierras, resaltando que la jurisdicción penal no era competente para conocer ese tipo de reclamos.

Las audiencias de presentación de querellas podrían concluir dejando a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y Ángel Lockward prácticamente sin acusadores particulares.

Finalmente, los querellantes solicitaron a la jueza Altagracia Ramírez levantar la oposición del Pepca al pago pendiente, argumentando que los contratos son legales, regulares y sin perjuicio económico para el Estado.