Cae otra ficha clave en la red investigada por corrupción en el Seguro Nacional de Salud; más detenidos están bajo custodia y aún no han sido identificados públicamente. En lafot, el médico Francisco Iván Minaya.
Santo Domingo.- La noche de este domingo 7 de diciembre de 2025 volvió a estremecer el ya convulso panorama del caso SeNaSa. Esta vez, las autoridades arrestaron al doctor Francisco Iván Minaya, quien fungió como gerente de Servicios de Salud del Seguro Nacional de Salud, en una operación que también incluyó la detención del exdirector de la entidad, doctor Santiago Hazim, consolidando un giro inesperado y contundente en una investigación que promete revelar nuevas ramificaciones.
De acuerdo con informes preliminares, otras personas vinculadas al expediente fueron igualmente detenidas y trasladadas al mismo recinto donde permanecen bajo custodia ambos exfuncionarios. Sin embargo, sus identidades no han sido reveladas completamente, lo que ha incrementado la expectativa en torno a la magnitud del caso y a la amplitud de la presunta red de irregularidades.
El escándalo que hoy vuelve a ocupar titulares comenzó meses atrás, cuando auditorías internas y denuncias ciudadanas apuntaron a supuestos manejos indebidos en procesos de contratación, autorizaciones de servicios y pagos dentro del sistema público de salud. Estas primeras señales llevaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a profundizar las pesquisas, revelando una estructura que, según el Ministerio Público, operó durante años con prácticas lesivas al patrimonio estatal.
La caída de Minaya, uno de los hombres de confianza dentro de la estructura de servicios del seguro estatal, sugiere un avance significativo para los investigadores. Su rol administrativo lo situaba en una posición estratégica para la aprobación de coberturas y pagos, lo que multiplica el interés de las autoridades en sus movimientos y decisiones mientras estuvo en funciones.
El impacto político tampoco pasa desapercibido. La detención de Hazim, figura prominente del país y con trayectoria en la administración pública, ha colocado al Gobierno bajo un escrutinio intensificado, en momentos en que el presidente Luis Abinader insiste en que “no hay espacio para la impunidad”. La reciente orden de que SeNaSa se constituya en actor civil en el proceso judicial subraya la intención oficial de recuperar hasta el último peso que haya sido desviado del erario.
Aún se espera que en las próximas horas el Ministerio Público ofrezca mayores detalles sobre las acusaciones, los nuevos arrestados y el avance de la investigación. De momento, el país observa con creciente atención cómo este caso, que parecía avanzar lentamente, ha entrado en una fase decisiva y de alto impacto para la credibilidad institucional del sector salud.
En tanto, las detenciones de Minaya y Hazim reafirman que el expediente SeNaSa podría convertirse en uno de los procesos anticorrupción más trascendentales de los últimos años.
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