Redacción internacional.- Caracas y Washington vivieron, a cierre de la jornada del domingo 30 de noviembre, uno de los episodios más delicados de su larga y convulsa relación.
Lo que comenzó como una campaña de presión política y sanciones se aceleró en las últimas semanas hasta incluir operaciones marítimas en el Caribe, acusaciones cruzadas por ataques, y una inusual —y polémica— declaración desde la cuenta del presidente estadounidense que Caracas interpretó como un acto hostil contra su soberanía.
El gesto que encendió las alarmas
En sus mensajes públicos este domingo, el presidente Donald Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano debía ser considerado “cerrado”, una medida que Caracas rechazó con vehemencia y calificó de “amenaza colonial”. La declaración provocó la suspensión inmediata de vuelos de deportación y generó llamados a consultas y reacciones en varios gobiernos y organismos de la región. La manera en que se expresó la Casa Blanca —una mezcla de medidas de presión y advertencias— alimentó el temor a una escalada que vaya más allá de sanciones y operaciones navales.
Operaciones marítimas y acusaciones de muertes
Paralelamente, informes sobre ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas han provocado denuncias graves desde Caracas. La Asamblea Nacional venezolana anunció la creación de una comisión especial para investigar presuntas agresiones de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones cerca de aguas y costas venezolanas, tras reportes de medios internacionales sobre el uso de fuerza letal en operativos recientes. Estas acciones son parte del despliegue que EEUU ha justificado como lucha contra el narcotráfico en la región, pero que la oposición venezolana y Maduro consideran actos de agresión e intentos de desestabilización.
Estrategia de presión y riesgo de operación terrestre
En las últimas semanas Washington elevó la retórica: sanciones adicionales, la designación de estructuras militares vinculadas al régimen como organizaciones criminales y la preparación, según fuentes periodísticas, de una nueva fase de operaciones —incluyendo opciones encubiertas— destinadas a presionar al gobierno de Maduro. Analistas y diplomáticos advierten que, aunque una intervención a gran escala sigue siendo improbable por costes políticos y legales, la suma de medidas militares, covert operations y sanciones aumenta la probabilidad de incidentes peligrosos y errores de cálculo.
Un diálogo inesperado en medio de la tensión
A pesar del choque verbal y de maniobras militares, el domingo también tuvo un matiz sorprendente: desde Washington se confirmó que hubo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro. Las autoridades de la Casa Blanca y portavoces oficiales han sido cautelosos sobre el contenido de esa llamada, pero su sola existencia revela que, incluso en un momento de máxima tensión, persisten canales de comunicación directos que podrían servir para bajar la temperatura o, en el peor de los casos, para calibrar nuevas presiones.
Reacciones internacionales y consecuencias humanitarias
Actores vecinos y aliados —Cuba, Irán y otros— han condenado lo que describen como injerencia y amenazas, a la vez que organizaciones de derechos humanos y agencias humanitarias advierten del impacto sobre la población: más deportaciones interrumpidas, riesgo de nuevas sanciones que afecten importaciones críticas, y la posibilidad de que la inseguridad en zonas marítimas provoque más tragedias de migrantes y tripulaciones. Las voces diplomáticas piden moderación y que la resolución de conflictos pase por instancias multilaterales.
¿Hacia dónde va el conflicto?
Lo sucedido hasta la noche del 30 de noviembre muestra un híbrido peligroso: medidas coercitivas fuera del marco puramente diplomático (operaciones en el mar, advertencias sobre espacio aéreo), acusaciones públicas que legitiman represalias y, simultáneamente, intentos puntuales de comunicación.
Ese cóctel reduce la capacidad de predicción y aumenta la fragilidad regional. Si no se activan mecanismos multilaterales de verificación y desescalada, cualquier incidente —por pequeño que parezca— podría disparar una cadena de represalias.
Periodistas y analistas coinciden en que la comunidad internacional, y en especial los actores regionales, tendrán un papel clave en las próximas 48 a 72 horas para evitar una escalada irreversible.
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