Venezolanos deportados a El Salvador exigen a EE. UU. cumplir fallo judicial permite apelar expulsión

Un juez federal ordenó al Gobierno de Donald Trump organizar el retorno de los detenidos y garantizarles audiencias justas tras determinar que se violó su derecho al debido proceso. En la foto de archivo, la megaprisión Cecot de El Salvador, donde estaban confinados los venezolanos que ofrecieron declaraciones a la prensa en Caracas, Venezuela, este viernes 26 de diciembre. 

Caracas, Venezuela.– Un grupo de venezolanos que fue enviado desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y posteriormente devuelto a Venezuela solicitó este viernes 26 de diciembre de 2025 que el Gobierno estadounidense cumpla con un fallo judicial que les permitiría impugnar su deportación ante tribunales norteamericanos.

La petición surge luego de que el juez federal James Boasberg dictaminara esta semana que la administración del presidente Donald Trump debe organizar de manera urgente el regreso de cientos de venezolanos deportados a El Salvador, al concluir que su expulsión violó el derecho al debido proceso y que los afectados tienen la facultad legal de apelar sus deportaciones en cortes de Estados Unidos.

Según la decisión judicial, el Gobierno estadounidense dispone de un plazo de dos semanas para presentar un plan que permita el retorno de los migrantes y garantice su comparecencia ante la justicia.

“El fallo judicial ahora ordena que se nos conceda la oportunidad de una audiencia justa conforme a la ley de Estados Unidos”, declaró Ysqueibel Peñaloza, exdetenido, en representación de unos 252 exprisioneros.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial. Demandamos que las autoridades de ese país creen las condiciones que nos permitan participar en la audiencia”, añadió.

Peñaloza también solicitó apoyo nacional e internacional para la defensa legal del grupo, aunque no precisó el tipo de asistencia requerida.

Los venezolanos fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos en marzo pasado, luego de que el presidente Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una normativa de tiempos de guerra poco utilizada— para deportar a personas señaladas como presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, sin la celebración de audiencias ni el cumplimiento de los procedimientos migratorios ordinarios.

Abogados y familiares de los detenidos han negado de forma reiterada que los hombres tuvieran vínculos con organizaciones criminales y denunciaron que, en muchos casos, se les mantuvo sin información sobre el paradero de los deportados.

Las expulsiones provocaron fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y derivaron en una batalla legal entre el Gobierno de Trump y sectores que cuestionan la legalidad de las medidas adoptadas.