Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo, RD.- La lucha que mantiene la Unión Dominicana de Propietarios de Centros de Entretenimiento y Diversión Nocturna (UDCEND) por una serie de demandas y reivindicaciones ha tomado un nuevo giro, tras el anuncio de una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional el próximo lunes 23 de febrero de 2026.
El presidente del gremio, Junior González, informó que la movilización tiene como objetivo recordar al presidente de la República, Luis Abinader, los compromisos asumidos con el sector, así como exigir el cese de los alegados abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional contra establecimientos de diversión nocturna en distintos puntos del país.
González explicó que la decisión se produce ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, a pesar de los reiterados esfuerzos del gremio por mantener un canal de diálogo institucional que permita resolver una situación que —según afirmó— afecta directamente la operatividad y sostenibilidad del sector.
“El sector está apostando al diálogo. Hemos buscado soluciones por la vía institucional, pero si no recibimos una respuesta clara y precisa, no nos quedará otra alternativa que salir a las calles”, expresó el dirigente gremial.
Durante sus declaraciones, González hizo un llamado directo al presidente Abinader y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclarando que la marcha no busca confrontación, sino ejercer presión ante la incertidumbre que enfrentan los propietarios de centros nocturnos.
“Señor presidente, ministra, soy un hombre de paz y no quiero llevar a mi gente a las calles. Pero si no encontramos una salida a este problema, estaré en la obligación de manifestarme, porque no puedo permitir que se pierdan los trabajos de cientos de familias que dependen de este sector”, sostuvo.
El presidente de la UDCEND advirtió que el gremio se encuentra al borde del colapso, debido a que —según denunció— algunos agentes policiales impiden el funcionamiento normal de los negocios, aun cuando el Ministerio de Interior y Policía ha establecido una “hora de gracia” para la operación de estos establecimientos.
“Hay agentes que actúan como si el tiempo autorizado fuera una decisión personal, desconociendo disposiciones oficiales”, señaló.
Agregó que, de mantenerse esta situación, más empresarios se verán obligados a cerrar sus negocios, lo que desincentiva la inversión en un sector ya golpeado por altas cargas impositivas y elevados costos operativos.
Finalmente, González reiteró que la marcha será suspendida únicamente si se establece un diálogo efectivo y se ponen freno a los alegados atropellos.
“El gremio ya no aguanta más abusos”, concluyó.
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