Santo Domingo, RD.- La lucha que mantiene la Unión Dominicana de Propietarios de Centros de Entretenimiento y Diversión Nocturna (UDCEND) por una serie de demandas y reivindicaciones se ha fortalecido cuando esta vez sus dirigentes ratifican su llamado a una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional el lunes 23 de febrero de 2026.
El presidente del
gremio, Junior González, informó que acudirán a la Casa
de Gobierno con el objetivo recordar al presidente de la República, Luis
Abinader, los compromisos asumidos con el sector que representa, así
como exigir el cese de los alegados abusos cometidos por miembros de la Policía
Nacional contra establecimientos de diversión nocturna en distintos puntos del
país.
González explicó
que la decisión de la UDCEND se produce ante la falta de respuestas concretas
por parte de las autoridades, a pesar de los reiterados esfuerzos del gremio
por mantener un canal de diálogo institucional que permita resolver una
situación que, según afirmó, afecta directamente la operatividad y
sostenibilidad del sector.
“A pesar de que
nuestro sector está apostando al diálogo y hemos buscado soluciones por la vía
institucional, hasta ahora no hemos recibido una respuesta clara y precisa, por
lo que no nos queda otra alternativa que no sea salir a las calles para que el
pueblo conozca nuestra realidad”, expresó el dirigente gremial.
Junior González formuló
un llamado directo al presidente Abinader y a la ministra de Interior y
Policía, Faride Raful, no sin antes aclarar que la marcha
de la UDCEND no busca confrontaciones, sino ejercer una especie de presión ante
la incertidumbre que enfrentan los propietarios de centros nocturnos.
“Señor presidente,
ministra, en la UDCEND somos hombres y mujeres de paz y no queremos llevar a nuestra
gente a las calles. Pero si no encontramos una salida a este problema, estamos en
la obligación de manifestarnos, porque no podemos permitir que se pierdan los
trabajos de cientos de familias que dependen de este sector”, sostuvo Junior
González.
El presidente de la UDCEND advirtió que el gremio que dirige se encuentra al borde del colapso, debido a que, según denunció, algunos agentes policiales impiden el funcionamiento normal de los negocios, aun cuando el Ministerio de Interior y Policía ha establecido una “hora de gracia” para la operación de estos establecimientos.
“Hay agentes que
actúan como si el tiempo autorizado fuera una decisión personal, desconociendo
disposiciones oficiales”, remachó.
Agregó que, de
mantenerse esta situación, más empresarios se verán obligados a cerrar sus
negocios, lo que desincentiva la inversión en un sector ya golpeado por altas
cargas impositivas y elevados costos operativos.
Junior González reiteró su llamado a establecer un
diálogo efectivo con las autoridades y que se ponga freno a los alegados
atropellos.
“El gremio ya no
aguanta más abusos”, concluyó.
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