Segunda audiencia por cargos de narcotráfico y armas
Nueva York.- El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen nuevamente este jueves ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La cita marca la segunda audiencia dentro del proceso judicial que enfrenta a la pareja por delitos vinculados al narcotráfico y posesión de armamento.
La llegada al tribunal se produjo de madrugada, alrededor de las 4:00 hora local (8:00 GMT). Custodiados desde la prisión de Brooklyn, fueron trasladados en un convoy de tres furgonetas cerradas, sin ventanas, según reportó la cadena CNN. A las afueras del edificio judicial se congregaron decenas de periodistas y un grupo de simpatizantes que expresaron su apoyo al exmandatario.
En la primera audiencia, celebrada semanas atrás, el matrimonio había sido trasladado en helicóptero. En esa ocasión, Maduro se declaró “no culpable” y se autodefinió como “prisionero de guerra”, tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses.
Los cargos contra Maduro y Flores
Nicolás Maduro enfrenta cuatro acusaciones: conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína, poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo adicional por posesión de esas armas.
Cilia Flores también está imputada por cuatro delitos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro por posesión de armamento.
Estrategias legales y advertencias
Los abogados defensores, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, solicitaron recientemente la desestimación de los cargos, alegando que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para costear la defensa, lo que calificaron como un “error administrativo”.
Por su parte, la fiscalía pidió al juez que se prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Según el Gobierno estadounidense, existe un “riesgo real de violencia” y se teme que el entorno de Maduro pueda utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
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